Por Catalino Hoyos | 2025-04-23

QUITO/BOGOTÁ -- Las comunidades indígenas situadas a lo largo de la frontera entre Ecuador y Colombia están sufriendo una amenaza creciente por parte de al menos 11 organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, que se han infiltrado en sus territorios ancestrales.

El reclutamiento forzoso de indígenas ecuatorianos por parte de estos grupos se ha convertido en una preocupación apremiante para las organizaciones indígenas y las ONG, así como para las instituciones nacionales e internacionales.

Las comunidades indígenas de la frontera entre Ecuador y Colombia están sufriendo graves violaciones de su derecho a vivir en paz y seguridad, según declaró a Entorno Enoc Merino, analista y miembro de la Fundación Kichwa Yaku Supay Runa. Esos derechos "deben ser garantizados", subrayó.

"Es un escenario oscuro para los pueblos indígenas de la frontera", advirtió Merino. "Están solos en esta lucha, solo les toca resistir y encontrar las estrategias para sobrevivir como lo han hecho hace más de 500 años".

La creciente presencia de grupos armados ilegales está alterando los modos de vida ancestrales y destruyendo el tejido social tradicional de estas comunidades, afirmó.

"Ya no tiene libertad de recorrer tranquilamente su territorio para relacionarse con los seres de la selva, con sus espíritus guardianes", dijo.

Estas organizaciones criminales no solo reclutan por la fuerza a los indígenas residentes, sino que los obligan a participar en actividades como el lavado de dinero, la prostitución e incluso el asesinato, afirmó Merino.

En muchos casos, los delincuentes utilizan comunidades enteras como escudos humanos para impedir las operaciones militares de las fuerzas del orden ecuatorianas o colombianas.

Auge del tráfico transfronterizo de drogas

Un informe de la cadena de televisión ecuatoriana Ecuavisa, emitido el 16 de octubre, reveló que al menos 11 organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas operan a lo largo de los 586 km de frontera con Colombia. Estos grupos han aumentado su presencia e influencia desde 2020, lo que ha provocado un aumento de la actividad ilegal en toda la región.

Entre los grupos colombianos más importantes identificados en el informe se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Por el lado ecuatoriano, las bandas criminales que se dice tienen "un control significativo" a lo largo de la frontera incluyen Los Choneros, Águilas, Patones, Tiguerones, Gánsters y Lobos.

Estas organizaciones están involucradas en una amplia gama de actividades ilícitas, entre las que se incluyen el tráfico de cocaína y armas, la minería ilegal, la extorsión, los asesinatos por encargo y el lavado de dinero, según informó Ecuavisa.

Los habitantes indígenas constituyen aproximadamente el 7,7 % (unos 1,3 millones) de la población de Ecuador, según el último censo. Estas comunidades se concentran principalmente en la Sierra (68,2 %), seguida de la Amazonía (24,1 %) y la Costa (7,6 %).

La pobreza, las escasas oportunidades económicas y la creciente presión de los grupos armados han hecho que las poblaciones indígenas, en particular los niños y adolescentes, sean cada vez más vulnerables al reclutamiento forzoso.

Aumento de la violencia

Según informan organizaciones sociales, los grupos criminales están ofreciendo dinero tanto a adultos como a menores para que se unan a sus fuerzas. Quienes se niegan suelen recibir amenazas de muerte.

Más allá de sembrar el miedo, estos grupos armados están provocando desplazamientos forzados y desintegrando el tejido social y cultural de las comunidades indígenas a lo largo de la frontera entre Ecuador y Colombia.

Durante el II Encuentro Nacional de Guardias Indígenas del Ecuador, celebrado los días 4 y 5 de octubre en la comunidad ancestral de San Isidro de Pujilí, los líderes indígenas advirtieron que sus comunidades se enfrentan a un "permanente y creciente riesgo" debido a la escalada de violencia. Mencionaron las disputas territoriales, los secuestros y las violaciones a la integridad física, cultural y sexual como amenazas constantes para su vida familiar y comunitaria.

Los participantes subrayaron el peligro creciente que representan el crimen organizado y los grupos armados, especialmente en las regiones fronterizas, donde el reclutamiento forzoso de jóvenes ecuatorianos, la intimidación y las amenazas relacionadas con las drogas se han vuelto cada vez más comunes.

Al otro lado de la frontera, en Colombia, la Organización Indígena de Colombia (ONIC) ha dado la voz de alarma sobre lo que ha calificado como una situación "crítica y alarmante" en el resguardo Ñambí Piedra Verde y otros territorios awá en el municipio de Barbacoas, Nariño, en la frontera con Ecuador.

El 22 de marzo, desconocidos incendiaron la casa de Aurelio Araujo, recientemente designado coordinador general de la organización Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari).

La ONIC condenó el ataque como un claro acto de intimidación, que forma parte de un patrón más amplio de amenazas, desplazamientos forzados y violencia contra las comunidades indígenas de la región.