Por Giselle Alzate | 2025-05-27

BOGOTÁ -- JCHX Mining Management Co., una empresa china criticada desde hace tiempo por violaciones de los derechos laborales, ha tomado el control total del proyecto de cobre y oro El Alacrán, situado en la zona rural de Puerto Libertador, al noroeste de Colombia.

La empresa, que ya poseía el 50 % de las acciones, anunció el 8 de mayo en Pekín que había comprado la mitad restante a Cordoba Minerals Corp., una empresa canadiense dedicada a la exploración minera.

JCHX acordó pagar hasta 128 millones de dólares por la propiedad completa de la mina. La inversión total en el proyecto podría alcanzar los 400 millones de dólares, lo que convertiría a El Alacrán en la mina de cobre más grande de Colombia una vez que entre en funcionamiento en 2026.

La producción anual alcanzará las 450 toneladas de cobre, 700 onzas de oro y 6 millones de onzas de plata, según las previsiones de los expertos del sector minero.

Tensiones en torno a El Alacrán

La región que rodea la mina El Alacrán, en el departamento de Córdoba, sufre desde hace mucho tiempo violencia, desplazamientos y conflictos sin resolver por la propiedad de la tierra. Los mineros artesanales, muchos de los cuales han vivido allí durante generaciones, siguen exigiendo reconocimiento y acceso al territorio minero que ahora está bajo el control de JCHX.

Durante décadas, grupos guerrilleros y paramilitares, así como redes de crimen organizado, han luchado por el control de esta zona rica en minerales, dejando a las comunidades atrapadas en ciclos de violencia. Muchos residentes se han dedicado a la minería artesanal como medio de subsistencia.

Hoy en día, los mineros locales están impugnando los títulos mineros otorgados a JCHX, argumentando que el Estado ignoró sus derechos históricos. Organizaciones internacionales y tribunales han instado repetidamente a las autoridades colombianas a reconocer los vínculos ancestrales de estas comunidades con la tierra y a otorgarles la propiedad legal.

JCHX Mining Management Co., la empresa china que actualmente está ampliando sus operaciones en Colombia, tiene un historial preocupante de violaciones de los derechos laborales en Zambia, donde ha operado durante años.

En 2011, Human Rights Watch documentó abusos generalizados en minas explotadas por empresas chinas, entre ellas JCHX. Los trabajadores zambianos describieron condiciones laborales abusivas que no cumplían ni la legislación local ni las normas laborales internacionales.

El informe destacaba las malas prácticas en materia de salud y seguridad, las jornadas laborales excesivas y la falta de equipos de protección adecuados. Muchos trabajadores afirmaron que se enfrentaban a amenazas de despido si se negaban a trabajar en condiciones inseguras. Las lesiones eran frecuentes, pero a menudo no se denunciaban.

Las comunidades enfrentan amenazas ambientales

Si bien las violaciones laborales definieron en su momento la controversia en torno a JCHX, ahora las nuevas preocupaciones se centran en el daño medioambiental y el desplazamiento forzoso que su proyecto minero podría implicar para el departamento de Córdoba, donde comunidades indígenas y rurales ya se enfrentan a amenazas crecientes.

Defensores del medio ambiente y residentes cercanos a la mina El Alacrán advierten que la minería industrial podría agravar la deforestación, contaminar las fuentes de agua y desplazar a las comunidades locales que dependen de la minería artesanal.

"Los permisos concedidos para la construcción de un proyecto minero industrial en el norte de Colombia están generando preocupación entre los residentes y los conservacionistas, quienes afirman que podrían perder sus alimentos y el agua potable debido a la contaminación no regulada, lo que les obligaría a reubicarse en otras partes del país", informó Mongabay, un medio de comunicación especializado en noticias medioambientales, el pasado mes de septiembre.

Las operaciones mineras ya han desviado ríos y arroyos y han vertido mercurio, utilizado en la extracción de minerales, en los cuerpos de agua cercanos, según afirman los lugareños. Las poblaciones de peces, incluyendo el bocachico (Prochilodus magdalenae), se han reducido, lo que pone en peligro el sustento de los pescadores artesanales.

Sin agua potable ni fuentes de alimentos fiables, los críticos sostienen que las familias se verán obligadas a abandonar la zona. "Estas comunidades van a desaparecer, y lo harán con muy pocos recursos", declaró a Mongabay el defensor de derechos humanos Adadier Perdomo.

Desde 2015, múltiples impugnaciones legales han acusado al proyecto El Alacrán de violar los derechos de las comunidades indígenas y tradicionales. A pesar de estos esfuerzos, las operaciones mineras han avanzado, intensificando las tensiones entre los mineros artesanales y las autoridades.