Por Catalino Hoyos | 2025-05-06

QUITO -- La financiación china de la mina a cielo abierto Mirador, en el sur de la Amazonía ecuatoriana, está propiciando un modelo de desarrollo depredador que, según un informe reciente, ha generado despojo de tierras, intimidación a las comunidades y otras formas de violencia.

El informe, publicado en febrero por la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (CASCOMI) y la alianza Latinoamérica Sustentable, pone de relieve supuestas irregularidades en la financiación aportada por bancos estatales chinos a empresas mineras y constructoras que operan en la región.

El proyecto Mirador, lanzado en la década de 2010 durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), está gestionado por Ecuacorriente, una filial del consorcio chino CRCC-Tongguan, formado por China Railway Construction Corporation (CRCC) y Tongling Nonferrous Metals Group Holdings.

Titulado “Situación de los defensores ambientales y responsabilidades de los bancos chinos en el proyecto minero Mirador”, el informe vincula al menos a cinco instituciones financieras estatales chinas con graves violaciones ambientales y de derechos humanos en Zamora Chinchipe, provincia amazónica fronteriza con Perú.

Los bancos, entre ellos el Banco de Desarrollo de China, el Banco de Exportación e Importación de China, el Banco de China y el Banco Industrial y Comercial de China, han financiado el consorcio CRCC-Tongguan sin imponer medidas claras de protección medioambiental o social, a pesar de las reiteradas advertencias de las comunidades afectadas y de los organismos internacionales de control, afirman los autores.

Impunidad y sobreendeudamiento

Entre 2007 y 2017, los bancos estatales chinos surgieron como grandes financistas de proyectos de energía e infraestructura en toda Latinoamérica, a menudo con escasas garantías o poca supervisión.

La mina a cielo abierto Mirador, en el sur de Ecuador, recibió financiación directa de al menos cinco bancos chinos a través de cinco transacciones distintas, según se detalla en los informes anuales de CRCC entre 2009 y 2024, señala el estudio.

Entre 2010 y 2020, el consorcio CRCC-Tongguan obtuvo cinco préstamos para adquirir, desarrollar y ampliar el proyecto Mirador.

Los dos primeros fueron préstamos sindicados por un total de 1 620 millones de dólares, 329 millones en 2010 y 1 290 millones en 2014, concedidos por el Banco de Desarrollo de China, el Banco de China y el Banco de Comunicaciones.

En 2015, el Banco de Exportación e Importación de China concedió un préstamo adicional de 144 millones de dólares. En 2019, Huishang Bank proporcionó otros 300 millones de dólares, coincidiendo con el inicio de la fase de producción de concentrado de cobre en el proyecto minero Mirador.

La sucursal del Banco de China en Panamá emitió un préstamo de 200 millones de dólares en 2020, el único dirigido específicamente a la filial ecuatoriana Ecuacorriente S.A., que sigue activa y vence en julio.

Todos los demás préstamos vencieron entre 2015 y 2024, pero el informe de CASCOMI advierte de que la deuda y la falta de normas medioambientales aplicables siguen exponiendo a las comunidades locales a riesgos a largo plazo.

Opacidad

El secretismo envuelve casi todas las fases del proyecto minero Mirador.

Según la investigación, los bancos chinos que financian el proyecto, todos influenciados o controlados por el gobierno chino, no han publicado los contratos de préstamo ni revelado los mecanismos de supervisión aplicables, incumpliendo tanto sus compromisos institucionales como las normas internacionales de transparencia.

Los defensores del medio ambiente han acusado al consorcio chino que explota la mina de prácticas ilegales y poco éticas generalizadas, como despojo de tierras, desalojos forzosos, abusos laborales, destrucción de infraestructuras comunitarias, intimidación y manipulación de procesos administrativos y judiciales.

Lejos de incidentes aislados, el informe caracteriza estas acciones como parte de un patrón sistemático de agresión, cooptación y corrupción que ha dañado profundamente el tejido social de la región.

“Los bancos chinos no solo han financiado una mina, han financiado un modelo de violencia sistemática contra quienes protegen los ecosistemas y los derechos colectivos”, afirmó uno de los autores del informe, que solicitó el anonimato por motivos de seguridad.

A pesar de este historial, la financiación china continúa fluyendo.

Según el informe, la falta de diligencia de los bancos permitió que persistiera la violencia, incluso después de que hubieran expirado los préstamos iniciales.

Los bancos chinos dan la espalda

En enero de 2024, durante Examen Periódico Universal (EPU) en Naciones Unidas, China aceptó recomendaciones para reforzar la protección de los defensores de los derechos humanos. Pero la situación en el proyecto minero Mirador de Ecuador cuenta una historia diferente.

Según un nuevo informe, los bancos chinos que financian el proyecto han hecho caso omiso de las peticiones de transparencia, no han adoptado políticas de acceso público a la información y han guardado silencio ante la represión y criminalización documentadas de los defensores del medio ambiente.

Según los analistas, esta inacción deliberada vulnera los principios de una administración financiera responsable.

En lugar de hacer caso a las peticiones de reforma, los bancos estarían considerando la concesión de nuevos préstamos para ampliar la producción de la mina Mirador de 60 000 a 140 000 toneladas de mineral al día, una medida que supondría una presión adicional sobre la relavera Tundayme, ya señalada como una estructura de alto riesgo.

El informe exige la publicación inmediata de todos los contratos de préstamo, la creación de una comisión de investigación independiente y la suspensión de futuras financiaciones al consorcio CRCC-Tongguan.

También insta a los bancos chinos a indemnizar a las comunidades afectadas, mejorar su supervisión medioambiental y social y asumir la responsabilidad de los daños a largo plazo causados por su inacción.