Por Catalino Hoyos | 2025-04-14

QUITO -- El pesado legado de corrupción, proyectos de construcción mal ejecutados, sobrecostos y creciente deuda vinculados a las iniciativas de infraestructura chinas en Ecuador se ha convertido en un tema central en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, programadas para el 13 de abril.

El presidente Daniel Noboa busca la reelección contra Luisa González, candidata del movimiento correísta Revolución Ciudadana liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien permanece prófuga de la justicia.

Noboa se ha mantenido alejado de China, priorizando en cambio una alianza estratégica con Estados Unidos. Bajo su liderazgo, se ha intensificado la cooperación militar y antinarcóticos con Washington, e incluso ha planteado la idea de albergar bases militares extranjeras en Ecuador.

González, por su parte, aboga por reactivar las relaciones comerciales con China y, al mismo tiempo, restablecer los lazos diplomáticos con países como Venezuela. Su plataforma incluye un reajuste político más amplio hacia una mayor integración con los gobiernos de izquierda de la región y un retorno a las políticas de Correa.

Durante la presidencia de Correa, quien vive exiliado en Bélgica desde que fue condenado por corrupción en abril de 2020 por sobornos cometidos durante su administración, Ecuador firmó numerosos acuerdos financieros y proyectos de infraestructura con China.

Muchos de estos acuerdos están ahora bajo escrutinio por fallas técnicas, financieras y medioambientales.

En 2007, la deuda de Ecuador con China ascendía a unos 7 millones de dólares. Tras una década bajo el gobierno de Correa, esa cifra se había disparado y, hoy en día, las exportaciones petroleras de Ecuador siguen enredadas en contratos opacos con bancos y empresas chinas, dejando al país atrapado en lo que muchos analistas describen como una "trampa de deuda".

Investigaciones como la realizada por la Fundación Mil Hojas, detallada en su libro de noviembre de 2023 Secretos de la deuda china, denuncian que, durante la llamada Revolución Ciudadana de Correa, Quito firmó acuerdos de préstamos con Pekín y adjudicó contratos a empresas chinas sin licitación pública, a menudo para los mismos proyectos financiados por esos préstamos.

El editor del libro, Christian Zurita, destaca que, en solo un año, entre 2006 y 2007, la inversión extranjera directa de China en Ecuador pasó de 11,9 a 84,8 millones de dólares.

Los préstamos chinos a Ecuador aumentaron durante los dos mandatos consecutivos de Correa, y China le prestó a Ecuador más de 24 000 millones de dólares entre 2010 y 2019 a través de sus bancos estatales y comerciales, según el libro de Zurita.

Ningún otro país ha alcanzado un nivel de compromiso financiero tan alto con Ecuador. A finales de 2024, la deuda de Ecuador con organismos multilaterales se acercaba a los 24 000 millones de dólares, cifra equivalente a la de sus obligaciones solo con China.

Un país hipotecado

Los más de 24 000 millones de dólares que Ecuador le debe a China estaban en gran medida vinculados a préstamos respaldados por el petróleo que hipotecaron las exportaciones de crudo del país, a menudo con regalías mínimas para el país sudamericano.

Según el medio digital Primicias, entre 2009 y 2016, Ecuador obtuvo financiamiento por 18 170 millones de dólares con la condición de que vendiera petróleo crudo a empresas estatales chinas como PetroChina y Unipec, esta última propiedad de Sinopec.

Un claro símbolo de este acuerdo desequilibrado es Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica de Ecuador, que ahora se encuentra al borde del colapso. Alguna vez promocionada por Correa como un símbolo de modernización y soberanía energética, la planta se ha convertido en un monumento de las promesas incumplidas.

Nueve años después de su inauguración por parte del gigante chino de la construcción Sinohydro, la planta presenta numerosos defectos estructurales, en particular, miles de grietas en sus distribuidores de agua. Los ingenieros advierten del riesgo de colapso total debido a fallas de diseño, una mala ubicación geológica y la falta de una gestión adecuada de los sedimentos.

A pesar de la inversión de 3000 millones de dólares (financiada por el Banco de Exportación e Importación de China y todavía en proceso de devolución por parte de Ecuador), la planta a menudo opera solo a la mitad de su capacidad prevista, pese a que suministra el 30 % de la electricidad del país.

Podría desaparecer en un sumidero, advierten los observadores.

Carolina Bernal, geóloga e investigadora de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, ha estudiado el río Coca durante dos décadas. Ha criticado durante mucho tiempo la decisión de construir un proyecto de infraestructura tan masivo en una zona geológicamente frágil sin las debidas salvaguardias ambientales.

La planta hidroeléctrica está "condenada a desaparecer" debido a condiciones naturales que los constructores ignoraron o subestimaron desde el principio, comentó Bernal a Entorno en una entrevista.

"Son precisamente esas condiciones naturales las que ahora amenazan con la erosión regresiva del Río Coca, un proceso en el que el lecho del río se desgasta y retrocede aguas arriba, afectando la estabilidad y el flujo del río", explicó.

El posible colapso de la planta agravaría significativamente la crisis eléctrica de Ecuador, que ya obliga a los ciudadanos a soportar frecuentes racionamientos de energía.

Los proyectos de infraestructura y los acuerdos previos con China han dejado a Ecuador con una deuda importante. Esta carga de deuda representa un desafío crítico que el próximo gobierno ecuatoriano deberá afrontar debido a su impacto económico a largo plazo.