Energía
Central hidroeléctrica de Ecuador entra en operación tras 17 años de retrasos y presunta corrupción
La planta de Toachi-Pilatón costó más del triple de su presupuesto original. Construida por la empresa china CWE, acusada de irregularidades en Perú y Chile, el proyecto es ahora objeto de investigación por fallas estructurales.
![Ingenieros y técnicos de la empresa eléctrica estatal ecuatoriana Celec inspeccionan las reparaciones en el túnel de carga de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, donde los trabajadores tuvieron que reparar fallas de construcción dejadas por China International Water & Electric Corp (CWE). [Celec]](/gc4/images/2025/05/22/50496-pilaton1-600_384.webp)
Por Catalino Hoyos |
QUITO -- Después de casi dos décadas de sobrecostos, retrasos en la construcción y presunta corrupción, el complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón de Ecuador inició operaciones comerciales el 10 de abril, justo cuando el país enfrenta una crisis energética cada vez más profunda.
El Ministerio de Energía y Minas y la empresa estatal Corporación Eléctrica (Celec) confirmaron el inicio de operaciones de la central Alluriquín, que capta energía de los ríos Toachi y Pilatón y aporta un estimado de 254,4MW a la red nacional de Ecuador.
La construcción del proyecto comenzó en 2008, bajo la administración del expresidente Rafael Correa. Ubicadas al suroeste de Quito, las instalaciones abarcan las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha y Cotopaxi.
Liderado por China International Water & Electric Corp (CWE), el proyecto presentó irregularidades que triplicaron su costo inicial. CWE lo abandonó finalmente, dejando al gobierno ecuatoriano la tarea de solucionar el problema.
![Foto de archivo de 2018 que muestra la entrada del túnel durante la construcción del complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón por la empresa China International Water & Electric Corp (CWE). [Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos del Ecuador]](/gc4/images/2025/05/22/50497-toachi1-600_384.webp)
Celec llegó posteriormente a un acuerdo parcial con las empresas rusas Inter RAO y Tyazhmash, que intervinieron para completar la planta. Sin embargo, la solución tuvo un alto costo: Ecuador tuvo que pagar 45 millones de dólares adicionales a Inter RAO y 20 millones de dólares a Tyazhmash, después de que ambas compañías reclamaran gastos adicionales imprevistos.
A pesar de las controversias y los costos inflados, el gobierno ha promocionado el lanzamiento del proyecto como un paso fundamental hacia la estabilización del precario suministro energético de Ecuador.
La esperanza se junta con el hormigón desmoronado
Los ecuatorianos recibieron con cauteloso optimismo la puesta en marcha del complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón, luego de soportar hasta 14 horas de apagones diarios entre el 23 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024.
Pero aumentan las preocupaciones sobre la integridad estructural de la planta y el historial de CWE.
La Contraloría General del Ecuador alertó ya en 2021 sobre graves fallas de construcción. Los inspectores encontraron fracturas, fisuras y extensas fugas en el túnel de carga principal, defectos que amenazan la viabilidad a largo plazo de la instalación.
CWE, una subsidiaria de la estatal China Three Gorges Corporation, ignoró protocolos de ingeniería esenciales, decisiones que pueden haber acelerado el deterioro de la infraestructura, según los funcionarios.
La situación refleja problemas de larga data en Coca Codo Sinclair, la mayor central hidroeléctrica de Ecuador, también construida por una empresa china. Las autoridades descubrieron más de 7 600 grietas en componentes críticos y más de 20 000 en los distribuidores que conducen el agua a las turbinas.
Mientras el país depende en gran medida de Toachi-Pilatón para aliviar su crisis energética, crecen los temores de que Ecuador pueda estar repitiendo errores costosos, esta vez con aún más en juego.
Miles de millones sin un plan
El proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón se ha convertido en un caso de estudio sobre mala gestión, sobrecostos y contabilidad turbia. Durante su conflictiva construcción, CWE, contratada para las obras civiles en 2010, creó una maraña de problemas técnicos, legales y contractuales que desangraron las finanzas públicas de Ecuador.
Con un costo proyectado de 336 millones de dólares en 2008, el costo del proyecto se disparó a 1 020 millones de dólares para finales de 2023, según la empresa eléctrica estatal Celec. Esto representa un sobrecosto del 204%, atribuido principalmente a retrasos, fallas estructurales y modificaciones contractuales cuestionables.
Según informó la revista Vistazo en noviembre pasado, el financiamiento de la planta provino de múltiples fuentes: 246 millones de dólares de recursos fiscales, 250 millones del Banco de Previsión Social (BIESS), 52 millones del Eximbank de Rusia y 475 millones de las propias arcas de Celec.
Se esperaba que CWE completara el proyecto para 2014, pero el progreso se estancó repetidamente. Entre marzo de 2017 y julio de 2019, CWE paralizó la construcción. En 2022, Celec finalmente rescindió el contrato de CWE tras descubrir defectos estructurales críticos.
Más de 17 años después de que las autoridades iniciaran las obras, es posible que nunca se calcule en su totalidad el costo real de Toachi-Pilatón, pero el daño a la infraestructura de Ecuador y a la confianza pública ya es evidente.
Escrutinio global de CWE
CWE continúa enfrentando crecientes críticas por fallas de ingeniería e infracciones regulatorias en toda Latinoamérica.
En Perú, el gobierno regional de Loreto presentó una demanda contra CWE en 2020, acusando a la empresa de irregularidades en los costos y fallas técnicas en un proyecto de obras públicas que causó inundaciones generalizadas, malos olores y enfermedades transmitidas por el agua en las comunidades vecinas.
Mientras tanto, en Chile, controlada por CWERucalhue Energía avanza con el Proyecto Hidroeléctrico Rucalhue desde 2018, a pesar de las crecientes preocupaciones legales y ambientales.
Los críticos advierten que el proyecto amenaza los ecosistemas protegidos y las especies ancestrales de la región del Bío-Bío, lo que genera alarmas tanto sobre el impacto ambiental como sobre la transparencia normativa.