Por Roberto Orozco B. | 2025-03-28

SAN JOSÉ, Costa Rica -- La construcción de la planta fotovoltaica El Hato en Nicaragua, iniciada el 24 de marzo, es uno de los tres proyectos solares liderados por China que fortalecerán aún más el control de la familia gobernante Ortega-Murillo sobre el sector energético del país.

Daniel Ortega y Rosario Murillo son los cónyuges copresidentes ​​del régimen del país.

Estos acuerdos son empresas puramente comerciales, sin supervisión gubernamental, que benefician directamente a la familia presidencial y se presentan falsamente como cooperación china, dicen analistas nicaragüenses.

En 2024, el régimen de Ortega-Murillo firmó contratos de financiamiento y construcción por 175 millones de dólares con la estatal China Communications Construction Company (CCCC) para las plantas Enesolar AP-AS 1, El Hato Solar Project y Enesolar 3 en San Isidro, Ciudad Darío y Masaya.

Managua espera que estas plantas generen más de 300MW, de los cuales casi la mitad serán destinados a la Empresa de Acueductos y Alcantarillados de Nicaragua (ENACAL) para su sistema de bombeo de agua potable, según informes oficiales.

Falta de transparencia

La deuda de Nicaragua por proyectos de cooperación china asciende a 919,72 millones de dólares, según el Banco Central.

Las empresas controladas por Ortega y Murillo, no por el gobierno nicaragüense, han firmado todos los contratos con importantes empresas chinas, señalan los observadores.

“Eso quiere decir que la naturaleza de la cooperación es inversión privada y representa deuda pública que los nicaragüenses debemos pagar en el futuro. No hay nada de cooperación estatal china que beneficie a la población nicaragüense”, dijo un analista a Entorno con la condición de permanecer en el anonimato por temor a represalias.

La fuente añadió que estos proyectos se caracterizan por una falta de transparencia.

“No se conoce en detalle los contratos, no sabemos qué dicen las cláusulas. Lo poco que se llega a saber es lo que el gobierno de Nicaragua libera y comunica a través de sus medios de comunicación oficiales”, explicó.

Monopolio de la energía

Aunque Managua oculta detalles, tres observadores señalan dos patrones clave en la forma en que el régimen Ortega-Murillo convierte lo que se presenta falsamente como cooperación extranjera en empresas comerciales privadas.

El primero es el precedente que sientan los acuerdos con la industria petrolera venezolana. Nicaragua recibió 4 500 millones de dólares en derivados del petróleo de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela (PDVSA), pero el régimen de Ortega y Murillo los redirigió hacia un negocio privado de combustibles a través de Alba de Nicaragua (Albanisa), sancionada por Estados Unidos en 2019 como parte de medidas más amplias contra PDVSA.

El segundo es el control absoluto de Ortega sobre la producción y distribución de electricidad. Con fondos venezolanos, el régimen de Managua creó Alba Generación, la rama energética de Albanisa, lo que permitió a Ortega y a su familia controlar casi el 50% de la generación eléctrica del país.

Los analistas sospechan que las tres plantas fotovoltaicas respaldadas por China descritas anteriormente, cuyos detalles contractuales siguen sin revelarse, consolidarán aún más este monopolio.

Si bien ENACAL requerirá cierta energía para bombear agua, Ortega controla la distribución a través de sus empresas, asegurándose de que, ya sea en la producción o distribución, las entidades estatales pagarán a las empresas privadas sometidas a su influencia.

Una de estas empresas es Disnorte-Dissur, la distribuidora nacional de electricidad.

Ortega adquirió esa empresa a través de testaferros, entre ellos el empresario Tirso Celedón Lacayo, quien en 2024 utilizó una empresa fantasma para comprar Disnorte-Dissur con 140 millones de dólares de ayuda venezolana, informó en junio pasado el medio independiente nicaragüense Confidencial.

“En asunto de energía eléctrica no se mueve nada sin que Ortega lo apruebe”, comentó a Entorno un ingeniero eléctrico con más de 30 años de experiencia en el sector privado nacional.

“El régimen controla gran parte de la generación eléctrica, controla totalmente la distribución y, además, controla el ente regulador del estado (ENATREL) que es el que aprueba o desaprueba todo lo relacionado con la industria eléctrica”, añadió.

ENATREL es el acrónimo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica.

El economista y politólogo Enrique Sáenz se hizo eco de este punto el 22 de marzo, al afirmar en diferentes medios que “en Nicaragua se ha instalado un grupo que se apodera de la totalidad de las instituciones con el fin de acumular riquezas fraudulentas a través del control del aparato judicial y las fuerzas armadas”.

La cadena de influencia

Los observadores de Nicaragua señalan a dos funcionarios clave que han jugado un papel en el fortalecimiento del imperio empresarial de la familia Ortega a través de acuerdos con CCCC.

El primero de ellos es Laureano Ortega Murillo, hijo de los copresidentes.

Designado por sus padres para asesorar en materia de inversiones y cooperación internacional, actúa como enlace principal entre los inversores chinos y rusos.

“Su papel es negociar con los inversionistas de estos países, la forma de hacer negocios en Nicaragua y el porcentaje que le tocará a su familia en esas inversiones”, señaló una fuente a Entorno.

El segundo es Salvador Mansell, ministro de Energía y Minas y director de ENATREL.

Mansell ha otorgado amplias concesiones a empresas mineras chinas en la región caribeña del país, incluidas Zhong Fu Development SA, Nicaragua Xinxin Linze Minera Group SA y Thomas Metal SA.

Hasta enero, estas empresas habían conseguido el 45,9% de todas las concesiones mineras otorgadas por su ministerio.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Mansell en noviembre de 2012 –junto a otros ocho funcionarios de Ortega– por corrupción y fraude electoral.