Por Entorno | 2025-07-17

A medida que se acelera la transición energética mundial, los ricos depósitos de minerales críticos de Latinoamérica se han convertido en un imán para la inversión.

En el centro de esta disputa se encuentra China, el principal comprador e inversionista de la región, cuyas empresas y bancos desempeñan un papel fundamental en la extracción de cobre, litio y otros recursos estratégicos.

Pero a medida que las excavadoras chinas se hunden más profundamente en la tierra, los informes sobre abusos de los derechos humanos que sufren los detractores de esos proyectos siguen aumentando.

Un informe del 6 de mayo elaborado por Paulina Garzón y María Emilia Hermosa de la organización Latinoamérica Sustentable (LAS) saca a relucir a un actor clave, aunque a menudo ignorado, en este patrón de violencia: los bancos chinos.

Con el título “Rompiendo el anonimato: El rol de los bancos chinos frente a los impactos sufridos por defensores ambientales”, el informe apunta a las instituciones financieras chinas como actores silenciosos pero esenciales en un sistema que alimenta la represión.

Estos bancos financian más de 120 proyectos mineros en la región, incluidos Las Bambas, Río Blanco y Toromocho en Perú; Mirador en Ecuador; y operaciones de litio en Argentina, Chile y Brasil.

Entre 2000 y 2020, casi el 40% de los 180 000 millones de dólares en exportaciones latinoamericanas a China consistió en minerales críticos. Mientras tanto, el 35% de toda la inversión extranjera directa de China en la región se destinó al sector minero.

En un proyecto tras otro, grupos de la sociedad civil han documentado el acoso, vigilancia, desalojos forzosos, criminalización e incluso asesinatos de críticos de las empresas extractivas.

Solo en 2024, Front Line Defenders registró 324 asesinatos de defensores de derechos humanos en todo el mundo. Un asombroso 79,3% de ellos, es decir, 257 ocurrieron en Latinoamérica.

La mano invisible de las finanzas

A pesar de su profunda participación financiera, los bancos chinos han enfrentado pocas investigaciones o rendiciones de cuentas.

Los bancos gozan de un "conveniente anonimato" cuando se trata de los abusos cometidos por sus clientes, afirmó LAS. Pero su influencia es innegable. Al otorgar préstamos, los bancos influyen directamente en las decisiones y la conducta de las empresas que financian.

"Los bancos chinos sí tienen responsabilidades ambientales y sociales que cumplir", escribieron Garzón y Hermosa, citando no sólo las normativas internas y las directrices del gobierno chino, sino también las normas internacionales y las leyes de los países anfitriones.

En enero de 2024, durante el Examen Periódico Universal de China ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Pekín aceptó las recomendaciones de España y Chile para proteger mejor a los defensores del medio ambiente. Sin embargo, la brecha entre las promesas diplomáticas y la realidad sobre el terreno sigue siendo amplia.

La mina Mirador de Ecuador: un punto de inflexión

La mina de cobre amazónica conocida como Mirador, ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador, ejemplifica estas contradicciones. Es la mayor mina a cielo abierto del país y pronto albergará la presa de relaves más alta del mundo.

El proyecto es operado por Ecuacorriente S.A., filial del consorcio chino CRCC-Tongguan Investment. Ocho bancos chinos, entre ellos el Banco Industrial y Comercial de China y el Banco de Exportación e Importación de China, lo financian.

En febrero, el grupo comunitario CASCOMI, con el apoyo de LAS, publicó un informe pionero que detalla la situación sobre el terreno. El documento describe desalojos forzosos, intimidación de líderes comunitarios, vigilancia de residentes y empleados locales y presión sobre la Defensoría del Pueblo de Ecuador.

La empresa obstruyó las investigaciones sobre el asesinato de un opositor local a la mina, denuncia.

El informe determinó que los bancos chinos habían incumplido en diversos aspectos:pasaron por alto las reglamentaciones medioambientales y sociales, omitieron la debida diligencia y carecían de mecanismos para monitorear o corregir la mala conducta corporativa.

Perú: La historia se repite

Patrones similares han surgido en Perú. En marzo, un tribunal condenó a 11 defensores de comunidades cercanas a Las Bambas a penas de prisión por su participación en las protestas de 2015.

Las manifestaciones exigían una consulta sobre los cambios en la evaluación de impacto medioambiental de la mina. La Relatora Especial de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, Mary Lawlor, respondió contundentemente: "Nadie debe ser condenado por ejercer el derecho a defender sus derechos", según el informe de la LAS.

Semanas después, un tribunal de apelaciones peruano revocó el veredicto, pero no pudo reparar el daño a los acusados ni a sus comunidades.

Otros proyectos presentan secuelas similares. En Río Blanco, un proyecto de cobre y molibdeno del Grupo Minero Chino Zijin, entre 2004 y 2009, hombres armados asesinaron a cuatro lugareños, hirieron a decenas y secuestraron y torturaron a más de 30 víctimas.

En Toromocho, otra importante mina respaldada por China, los lugareños han denunciado desplazamientos forzados y vigilancia constante de los dirigentes locales.

Hacia la tolerancia cero

El informe de LAS hace un llamado urgente a la acción. Exige que los bancos chinos adopten una política de tolerancia cero ante las represalias contra los defensores del medioambiente, implementen sólidas salvaguardias medioambientales y sociales, y establezcan mecanismos formales de queja y reparación.

"Los bancos chinos no pueden seguir cerrando los ojos frente al daño que provocan sus financiamientos en las comunidades a las que pretenden servir", señalaron los autores. La responsabilidad, añaden, no recae sólo en las corporaciones que manejan retroexcavadoras en los Andes y la Amazonia, sino también en los banqueros de Pekín, Shanghai y Hong Kong que las financian.

Para los gobiernos, las comunidades y los movimientos sociales de Latinoamérica, el desafío es exigir cuentas a estos poderosos actores, especialmente cuando los intereses económicos a menudo pesan más que los derechos humanos.

Pero, como recuerda el informe, si China quiere seguir invirtiendo en la región, debe aprender a respetar a su gente y sus territorios.