Por Edelmiro Franco V. | 2025-06-10

BOGOTÁ -- Los países latinoamericanos deben adoptar una postura más firme en la regulación de las inversiones chinas, especialmente en cuestiones medioambientales, laborales, de seguridad y de derechos humanos, según advierten los expertos en la región.

Esa fue la principal conclusión del foro virtual "China-CELAC: Desafíos y Perspectivas para América Latina y el Caribe", organizado el 29 de mayo por el BRICS Policy Center y Latinoamérica Sostenible (LAS). El evento analizó los resultados de la cuarta reunión ministerial del Foro China-CELAC, celebrada el 13 de mayo en Pekín.

BRICS es un bloque comercial que debe su nombre a sus primeros miembros: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Ha aumentado la preocupación en toda la región por las crecientes acusaciones de que los inversores chinos han violado los derechos humanos y medioambientales, al tiempo que se han beneficiado de la escasa aplicación de la ley y de lagunas normativas.

Los panelistas María Helena Rodríguez, del BRICS Policy Center de Brasil, Camilo Defelipe Villa, de la Universidad Javeriana de Colombia, y Maia Seeger, directora de la corporación chilena Sustentarse, coincidieron en la urgente necesidad de reforzar los marcos regulatorios nacionales para proteger los intereses regionales en las relaciones con China.

"Actuar como bloque"

“América Latina debe buscar una mayor integración y actuar como bloque para negociar ciertas temáticas en los nuevos escenarios globales y especialmente en el tema de los minerales críticos y toda la infraestructura de extracción y transporte”, sostuvo Seeger durante el evento.

También expresó su preocupación por el hecho de que los gobiernos debiliten deliberadamente la normativa para atraer la inversión extranjera. "Estamos viendo cómo las autoridades echan atrás las protecciones medioambientales con el argumento de no espantar inversiones", afirmó.

La extracción de recursos no puede favorecer únicamente los intereses extranjeros y dejar a Latinoamérica sumida en crisis sociales y medioambientales, añadió. Criticó a la CELAC por no presentar una agenda unificada en sus relaciones con Pekín.

“En el largo plazo, qué tan beneficioso son esas inversiones (chinas) en nuestros países”, añadió.

El académico brasileño Rodríguez subrayó la urgencia de una estrategia regional claramente definida para evitar violaciones de los derechos humanos por parte de los inversores chinos o cualquier otro inversor extranjero.

“China sabe muy bien qué quiere de América Latina y nosotros no sabemos muy bien qué queremos de China, y si lo sabemos es muy cortoplacista", explicó. "Tenemos que definir nuestra visión de futuro y nuestra visión de desarrollo”.

Para el académico Defelipe, en la cumbre China-CELAC faltó énfasis en las salvaguardias normativas y la responsabilidad de los inversores, especialmente en el sector minero. "Faltó hacer énfasis en la responsabilidad social y medioambiental", destacó.

Estrategia clara de China

China tiene una hoja de ruta bien definida para su expansión en Latinoamérica, centrada en sectores estratégicos como la energía, la infraestructura digital y el comercio electrónico transfronterizo, dicen los panelistas.

El Plan de Acción Conjunto China-CELAC (2025-2027), acordado durante la reciente cumbre de Pekín, establece una cooperación ampliada en materia de crecimiento, inversión y transformación productiva. Entre los sectores clave para China figuran la energía limpia, la inteligencia artificial y la economía digital.

El plan de acción destaca la intención de Pekín de aumentar las importaciones de "productos de calidad" procedentes de la región y de alentar a más empresas chinas a invertir en Latinoamérica y el Caribe.

Defelipe interpretó este enfoque como un arma de doble filo.

"La invitación de Pekín a importar productos de alta calidad suena bien, pero puede implicar barreras para países que aún están desarrollando políticas de transformación [económica], llevando a cabo una transición energética o practicando la minería responsable”, añadió.

Opacidad e influencia

Seeger presentó su estudio “Inversiones, transparencia y gobernanza socioambiental”, publicado en abril de 2024. El informe hace una crónica de 50 años de relaciones chino-chilenas y destaca los retos que plantea la opacidad en las inversiones chinas, especialmente en materia de protección del medio ambiente y derechos humanos.

La relación de Chile con China "se ha caracterizado por un abrumador número de acuerdos controversiales, negocios y actividades de lobby, muchas veces imperceptibles a la opinión pública por darse en las fronteras difusas de lo público y lo privado”, afirmó Paulina Garzón, directora ejecutiva de Latinoamérica Sustentable, encargada de escribir el prólogo de ese informe.

"Las operaciones de los bancos e inversionistas chinos se procuran mantener en silencio, con cláusulas expresas de confidencialidad, lo que incumple con estándares básicos de acceso a la información pública y rendición de cuentas", explicó Garzón.

El informe critica a los inversores chinos por ignorar sistemáticamente las repercusiones socioambientales y seguir adelante con proyectos que generan una amplia oposición comunitaria o amenazan los sistemas ecológicos.

"El secretismo pareciera ser una característica inherente a la cultura de negocios chinos", subraya el informe, y añade que las instituciones chilenas comparten la responsabilidad de permitir tales prácticas. La transparencia corporativa de las empresas chinas que operan en Chile, apunta el informe, “se encuentra muy por debajo" de los estándares mundiales.

Las instituciones chinas con sede en Chile carecen de transparencia, coincidió Seeger. Su investigación apunta a la primera gran alarma en 2014, cuando los medios chilenos revelaron pérdidas millonarias sufridas por el gigante estatal del cobre Codelco en un acuerdo con la china Minmetals Non-Ferrous Metals Co. Ltd.

En aquel momento, los informes apuntaban a "irregularidades, desfalco y fraude", vinculando las pérdidas a transferencias aparentemente fraudulentas de beneficios entre empresas relacionadas en mercados de futuros. Pero las investigaciones públicas no llegaron a ninguna parte, y la rendición de cuentas sigue siendo esquiva.