Derechos Humanos
China admite problemas ambientales y de derechos humanos en proyectos latinoamericanos
Muchos inversores chinos en Latinoamérica han recibido críticas por realizar sistemáticamente evaluaciones de impacto ambiental inadecuadas o por no realizar ninguna evaluación.
![Chen Xu (derecha), jefe de la misión china ante la ONU en Ginebra, Suiza, antes de la apertura de la revisión del historial de derechos de China por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el 23 de enero. [Fabrice Coffrini/AFP]](/gc4/images/2024/08/29/47482-china-600_384.webp)
Por Aurora Lane |
LA PAZ – China ha admitido que enfrenta desafíos ambientales y de derechos humanos en sus operaciones comerciales en el extranjero.
La medida se produce después de una larga historia de intransigencia china en respuesta a las quejas del país anfitrión.
Pekín ha aceptado 10 de 11 recomendaciones de otros países durante el IV Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según un comunicado publicado el 13 de agosto por el Colectivo sobre Financiación e Inversión China, Derechos Humanos y Medio Ambiente (CICDHA).
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU describe el EPU como un "mecanismo único" que requiere que cada estado miembro de la ONU se someta a una revisión por pares de su historial de derechos humanos cada cuatro años y medio.
![Mineros cargan sacos de rocas cargadas de oro de una mina sin licencia en el pueblo de San Antonio, cerca de Buriticá, Colombia. El conglomerado chino Zijin Mining Group ha sido acusado de violar los derechos de los trabajadores. [Raúl Arboleda/AFP]](/gc4/images/2024/08/29/47483-china2-600_384.webp)
![La maquinaria pesada limpia incansablemente secciones de la selva amazónica boliviana, áreas que han sido destinadas a la extracción de oro. [Agencia de Noticias Ambientales]](/gc4/images/2024/08/29/47484-bolivia3-600_384.webp)
El EPU de China coincide con el décimo aniversario de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI). Según el comunicado, representa "la política más ambiciosa de China" para financiar y construir infraestructura a nivel mundial.
Ciento cincuenta países participan en la BRI.
En la sesión del EPU de China en enero, 161 estados presentaron 428 recomendaciones, muchas de las cuales se centraron en el impacto ambiental y de derechos humanos de las actividades comerciales chinas en el extranjero.
Más de 200 organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados en varios sectores, incluida la CICDHA.
Desde Latinoamérica, la CICDHA abogó por los derechos de las comunidades impactadas por "inversiones y actividades comerciales chinas en el exterior"
Entre las recomendaciones que China aceptó destacan las de Costa Rica y Portugal, que instan a incorporar en la legislación china el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible.
"Chile y España recomendaron que China garantice un entorno seguro para los defensores de los derechos humanos, un paso crucial dada la historia de diligencia inadecuada de las empresas chinas en cuestiones ambientales y de derechos humanos en Latinoamérica", dice la declaración de la CICDHA.
México, Ecuador, Perú y Camerún instaron a Pekín a implementar medidas que garanticen que sus empresas e instituciones financieras respeten los derechos humanos en sus operaciones en el exterior.
"La ausencia de mecanismos accesibles y eficaces ha impedido que las comunidades afectadas presenten denuncias y busquen reparaciones por los daños causados por empresas y bancos chinos en la región", declaró Sofía Jarrín de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador.
Eludiendo los requisitos sobre el medioambiente
Muchas inversiones chinas en Latinoamérica han enfrentado críticas por evaluaciones de impacto ambiental consistentemente inadecuadas o ausentes de sus proyectos.
CICDHA sugirió que para permitir un diálogo oportuno sobre riesgos, impactos y conflictos ambientales y sociales, "las embajadas chinas en Latinoamérica deberían servir como canales de comunicación formal entre las organizaciones de la sociedad civil y las partes interesadas chinas: empresas, instituciones financieras y entidades gubernamentales".
Un informe de CICDHA de noviembre pasado encontró que 10 de 28 proyectos analizados en América Latina carecían de evaluaciones ambientales integrales, lo que impactaba significativamente a las comunidades locales.
CICDHA, con sede en Latinoamérica, aboga por los derechos de las comunidades afectadas por las inversiones y actividades comerciales chinas en el extranjero, enfatizando la importancia de abordar estos desafíos a nivel multilateral.
Según la CICDHA, la aceptación por parte de China de las recomendaciones del 4º EPU significa un reconocimiento de las cuestiones sociales y ambientales vinculadas a sus inversiones en Latinoamérica.
"Esperamos que la aceptación de esta recomendación por parte de China conduzca a evaluaciones ambientales más rigurosas que involucren efectivamente a las comunidades afectadas", dijo Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) en Chile.
La disposición de China para abordar estos problemas también valida las preocupaciones de las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica, que han destacado ante la ONU los impactos negativos de las inversiones chinas en la región desde el tercer EPU de China en 2018.
"El que China reconozca estos temas es un paso crucial hacia una mayor rendición de cuentas y transparencia", señaló Paulina Garzón, directora de América Latina Sostenible (LAS).