Por Aurora Lane | 2025-06-06

LA PAZ -- Comunidades indígenas del sur de Bolivia bloquearon dos acuerdos de extracción de litio con empresas rusas y chinas, denunciando al Estado boliviano por pasar por alto su derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada.

El 27 de mayo, un tribunal local de Colcha K, en la región andina de Nor Lípez, ordenó la suspensión inmediata de dos proyectos de ley que autorizarían contratos entre la empresa estatal boliviana Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la firma rusa Uranium One Group, así como el consorcio chino CBC.

El fallo se produjo tras una impugnación judicial presentada por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), una organización indígena regional.

El tribunal dictó dos medidas cautelares. En primer lugar, paralizó los trámites legislativos de los proyectos de ley 170 y 197, que buscan dar luz verde a las alianzas internacionales. En segundo lugar, ordenó a YLB y al Ministerio de Hidrocarburos abstenerse de iniciar cualquier obra o trámite administrativo relacionado con los acuerdos hasta que Bolivia garantice el pleno cumplimiento de la normativa ambiental, los estándares de derechos humanos y las protecciones indígenas.

"Esto va más allá de los contratos; se trata de supervivencia", declaró Fátima Monasterios, abogada que representa a las comunidades afectadas, a Entorno. "Los proyectos comenzaron sin consulta previa, sin estudios ambientales adecuados y con total desprecio por los derechos de las personas que viven allí".

Los funcionarios del gobierno respondieron. Álvaro Arnez, viceministro de Energías Alternativas de Bolivia, declaró a finales de mayo que ni su oficina ni YLB habían recibido notificación formal de la orden judicial.

Los contratos no tienen efecto legal hasta que sean aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional y los trabajos preliminares de las empresas se realizaron bajo acuerdos vigentes y con licencias ambientales emitidas por las autoridades, explicó.

Ya se cuenta con la participación de la comunidad, comentó, y agregó que, durante la fase industrial, el Estado cumplirá con su obligación de realizar consultas previas de conformidad con el derecho nacional e internacional.

Demasiado poco y demasiado tarde

"Ya hemos visto pozos perforados, manantiales secos y llamas migrando por falta de agua", declaró a Entorno el secretario general de CUPCONL, Iván Calcina, quien afirmó que YLB había sido notificada oficialmente del fallo del tribunal. "Queremos que se suspendan los contratos hasta que se respete nuestro derecho a ser consultados y se complete un estudio de impacto ambiental completo".

La incursión de empresas extranjeras se está dando sin transparencia ni consentimiento, expresó a Entorno otro dirigente de CUPCONL, Gustavo López Quispe.

"No podemos claudicar, más aún cuando esta pretensión (de las empresas extranjeras) viene ligada a la vulneración de nuestros derechos, entre ellos el derecho fundamentalísimo al agua, derecho a un medioambiente sano, el cual compromete el futuro de nuestros hijos y, de carácter inmediato, a toda nuestra población", explicó.

Aunque los contratos aún no han sido ratificados por el parlamento, los residentes informan que las empresas ya han comenzado a operar en la región. Han aparecido plataformas de perforación en varios sitios del norte de Nor Lípez, un Territorio Comunitario de Origen cerca del Salar de Uyuni, que alberga una de las mayores reservas de litio sin explotar del mundo.

Calcina afirmó que se había avistado personal de una empresa rusa en la zona. "No sabemos qué tipo de trabajos están haciendo y eso no puede continuar si no hay consulta previa ni evaluación ambiental".

Un recurso estratégico, un marco legal ausente

A pesar de poseer vastas reservas de litio, Bolivia aún carece de un marco legal integral para regular la extracción de sus recursos evaporíticos, una brecha que deja a las comunidades locales vulnerables a acuerdos ad hoc con poca supervisión.

"Aunque suene increíble, en Bolivia el litio se negocia contrato por contrato y no hay una política pública que establezca cuál es la mejor forma, o la forma adecuada, (que fije estándares) en relación a los derechos humanos, derechos colectivos y derechos de la naturaleza que debería respetar el Estado", advirtió Monasterios.

Las comunidades temen que la minería de litio afecte sus medios de vida tradicionales. En Nor Lípez, donde la mayoría de los residentes dependen del cultivo de quinua, el pastoreo de llamas y el turismo comunitario, el acceso al agua ya se ha convertido en un problema acuciante.

"Desde mi comunidad, Puerto Chuvica, ya enfrentamos escasez de agua. Si ahora ya es difícil, con más razón nos preocupa lo que viene", advirtió López.

Las audiencias judiciales de las próximas semanas determinarán si los contratos permanecerán suspendidos hasta que las autoridades cumplan con todos los requisitos legales y constitucionales. Por ahora, los líderes indígenas permanecen en estado de emergencia declarado.

Su mensaje al Estado es claro: no hay litio sin consulta, no hay desarrollo sin consentimiento indígena.