Por Aurora Lane | 2024-09-20

LA PAZ, Bolivia –– Representantes de la sociedad civil se han opuesto al contrato de 970 millones de dólares firmado entre el gobierno boliviano y una empresa rusa para la extracción de litio en la región de Potosí.

Líderes locales y organizaciones cívicas acusan al gobierno de traicionar los intereses regionales, advirtiendo que el acuerdo beneficiará principalmente a entidades extranjeras, dejando a Potosí, una región rica en recursos naturales, en la pobreza.

El 11 de septiembre, la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó un contrato con Uranium One Group, filial del gigante nuclear ruso Rosatom.

El acuerdo implica el despliegue de tecnologías avanzadas de extracción directa de litio (DLE) en el Salar de Uyuni, una de las mayores reservas de litio del mundo.

El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, afirmó que la inversión de 970 millones de dólares será financiada íntegramente por la firma rusa.

Falta de transparencia

Sin embargo, los representantes de Potosí condenaron el contrato, criticaron su falta de transparencia y argumentaron que no ofrece beneficios reales a la población local.

"Hemos rechazado oficialmente el contrato entre Uranium One e YLB, ya que fue firmado a espaldas del pueblo potosino y de todos los bolivianos. Potosí no será cómplice de los intereses personales de la familia del presidente Luis Arce", declaró a Entorno Alberto Pérez, presidente del Comité Cívico Potosí (COMCIPO).

Pérez acusó a Arce de tratar la explotación de litio como un "negocio familiar", sugiriendo que los hijos del presidente participan en la gestión de los proyectos sin consultar a las autoridades locales ni garantizar la transparencia.

"Actuó como un delincuente común, haciendo todo en secreto. El gobernador no lo sabe, nuestros parlamentarios no lo saben, nadie sabe de esto", añadió el presidente de la COMCIPO.

El líder cívico expresó su preocupación por los términos del contrato, afirmando que no garantizan retornos justos de regalías para el departamento de Potosí.

Bolivia carece actualmente de un régimen fiscal específico para el litio que establezca regalías claras para su extracción.

Se han hecho esfuerzos para regular la actividad a través de una Ley de Minería, que propone una regalía del 3% para el departamento.

Este proyecto de ley ha enfrentado críticas de los potosinos, quienes consideran que la regalía del 3% es insuficiente en comparación con la tasa del 11% que se aplica a la industria de los hidrocarburos.

"Esta vez queremos una parte justa. No queremos el 3% que nos da el sector minero como limosna. Esperamos que Potosí reciba una parte proporcional de los ingresos del litio, potencialmente superando el 10%, en función de la producción y las ventas. " señaló Pérez.

En una línea similar, la ex presidenta de COMCIPO, Roxana Graz, calificó el acuerdo como una "traición" a los residentes de Potosí, advirtiendo que el gobierno apunta a "explotar los recursos naturales al máximo".

Explicó a los medios que la tasa de regalías del 3% se aplica sólo a las materias primas en la "boca del pozo (materia prima)". Una vez que se procesa el litio, por ejemplo en forma de carbonato de litio, la tasa de regalías cae al 1,9%.

Destacó que este porcentaje es "miserable" en comparación con la escala de explotación esperada. También destacó la "contaminación" y el "daño ambiental" que sufrirá la región debido a las actividades de la empresa extranjera.

Sin experiencia

Raúl Velásquez, analista de la Fundación Jubileo, que aboga por el control social de las instituciones gubernamentales, criticó la falta de transparencia y el hecho de que el contrato se haya adjudicado a una empresa dedicada principalmente a la extracción de uranio, y no de litio.

"Lo ideal sería que esto se hubiera manejado a través de una licitación pública internacional, un proceso utilizado por los países más transparentes", comentó a los medios de comunicación el 11 de septiembre. "En este caso, el gobierno ya había negociado el contrato y seleccionado la empresa sin cualquier revisión o debate previo por parte de la Asamblea Legislativa."

Velásquez enfatizó la importancia de aplicar criterios básicos, como seleccionar una empresa con gran experiencia técnica en la extracción de litio y capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones.

También destacó la necesidad de una consulta comunitaria previa y una evaluación ambiental integral, señalando que el litio es un recurso no renovable.