Por Aurora Lane | 2024-11-27

LA PAZ -- Un nuevo contrato entre la estatal boliviana YLB y la firma rusa Uranium One Group para extracción de litio está generando preocupación y frustración en Bolivia.

Los críticos señalan una falta de transparencia y el ingreso mínimo que se espera que la nación sudamericana obtenga del acuerdo, todo mientras el país lidia con una escasez de divisas y la caída constante de la producción de gas.

El contrato para la construcción de una planta de Extracción Directa de Litio (DLE) en el Salar de Uyuni, firmado el 11 de septiembre, se hizo público a principios de noviembre luego de ser presentado al Congreso de Bolivia para su revisión.

El documento describe los planes para construir la planta DLE con una inversión de 976 millones de dólares. Se espera que el proyecto avance en tres fases y culmine en julio de 2027 con una capacidad de producción anual de 14.000 toneladas de carbonato de litio apto para baterías.

Los beneficios de YLB comenzarán sólo después de superar las 8.000 toneladas de producción anual, según estipula el contrato.

Este retraso ha sido recibido con poco optimismo en Bolivia, una nación que enfrenta una crisis económica marcada por la escasez de dólares y combustible.

Bolivia necesita especialmente divisas frescas, ya que su producción y sus ingresos de gas natural siguen desplomándose.

Moderar las expectativas

Las aspiraciones de Bolivia de sustituir los ingresos del gas con el litio "comienzan a desvanecerse", afirmó en un artículo de noviembre la consultora Rodríguez Baudoin.

La firma destacó la fuerte caída de los precios internacionales del litio y señaló que la "integración del litio al mercado" de Bolivia podría tardar entre cinco y ocho años.

YLB estima que los ingresos por ventas anuales del proyecto alcanzarían los 415 millones de dólares, una cifra significativamente menor que los ingresos por exportaciones de gas de Bolivia, que en su punto máximo (2014-2015) casi alcanzaron los 6 billones de dólares al año.

Incluso durante la reciente caída, han superado los 2 billones de dólares.

El analista de energía Mauricio Medinacelli destacó esta disparidad en un blog publicado el 3 de noviembre: "Este proyecto es de 10 a 15 veces más pequeño que las exportaciones de gas natural en su punto máximo, y las expectativas en Potosí con respecto a los posibles ingresos por regalías deberían moderarse".

Se espera que las regalías asignadas a Potosí, departamento productor, sean de aproximadamente el 3%, según lo estipula la Ley de Minería y lo establecido en el contrato con la firma rusa. El Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) ha denunciado este porcentaje, habiendo previsto un mínimo del 11%.

El contrato pone de relieve una vez más cómo Bolivia "cae en la trampa de la rendición", otorgando a las empresas extranjeras un trato preferencial sobre su potencial de producción, explicó José Carlos Solón, investigador de la Fundación Solón, en entrevista con Entorno.

Rusia está posicionada por contrato como el principal comprador de la producción de la planta, poniendo a Bolivia a su merced.

Uranium One Group recuperará su inversión inicial de 976 millones de dólares, junto con los costos operativos, según el acuerdo.

Solon expresó su preocupación por la ambigüedad de los términos del acuerdo. Sigue siendo incierto si la empresa rusa pagará el litio a precios de mercado o con descuento.

Otros cuatro detalles del contrato entre Bolivia y Rusia no han sido explicados, continuó Solón.

Dichos detalles incluyen contratos de "transferencia de propiedad de la planta piloto"; el punto de “operación y mantenimiento de la planta piloto”, con una duración de 20 años; las ventas de carbonato de litio apto para baterías a Uranium One; y el punto de la "conciliación".

Los funcionarios del gobierno deben brindar a los legisladores una explicación clara de los detalles del pacto YLB-Uranium One Group, señaló a Entorno el legislador opositor potosino, Juan José Tórrez.

Exigió transparencia sobre una inversión anterior de 1.000 millones de dólares destinada a industrializar el litio boliviano, una iniciativa que involucra a empresas chinas y que aún no ha arrojado resultados tangibles.

Impacto en la población indígena

Como respuesta a las objeciones de organizaciones bolivianas, el 15 de noviembre se llevó a cabo una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, DC.

Durante la sesión, el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) acusó al gobierno boliviano de falta de transparencia en los proyectos de extracción de litio con empresas chinas y rusas.

El CEDIB destacó numerosas irregularidades y expresó su preocupación por el impacto en la población indígena.

Durante los últimos 11 años, el gobierno boliviano ha invertido más de mil millones de dólares en proyectos relacionados con el litio, afirmó Oscar Campanini, director del CEDIB, durante la audiencia de la CIDH, haciéndose eco de la observación de Solón.

Sin embargo, recién en 2024 comenzó un proyecto real, uno que aún no ha arrojado resultados efectivos y ha violado derechos comunitarios fundamentales.

"Hay un proyecto que comenzó apenas este año, operando a sólo el 20% de su capacidad, plagado de corrupción... y vinculado a nuevos contratos con empresas chinas y rusas", explicó Campanini.

Aunque la extracción de litio comenzó formalmente en 2024, el gobierno boliviano ha estado vulnerando los derechos de las comunidades durante más de una década, continuó.

Campanini notó quejas informales de las comunidades locales sobre disminuciones significativas en los niveles de agua en manantiales y pozos.

Instó a la CIDH a presionar al gobierno para que establezca zonas libres de minería, evite alterar los marcos regulatorios que protegen el medio ambiente y los derechos indígenas, y proteja el derecho a un medio ambiente saludable, entre otras demandas clave.