Por Aurora Lane | 2025-02-20

LA PAZ -- Los diputados bolivianos, en una sesión marcada por los intentos del oficialismo de limitar la participación de la oposición y las denuncias de corrupción, sacaron adelante un contrato entre la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio chino CBC para la extracción de litio en el Salar de Uyuni.

Este contrato, firmado inicialmente en noviembre de 2024, contempla la construcción de dos plantas de producción de carbonato de litio con capacidades anuales de 10 000 y 25 000 toneladas, respectivamente. El acuerdo estipula que CBC invertirá al menos 1 000 millones de dólares y el gobierno boliviano conservará una participación del 51% en el proyecto.

Sin embargo, los críticos han señalado que esta inversión debe devolverse con un interés de hasta el 12,5%.

Mientras el contrato espera un mayor debate en la Cámara de Diputados y el Senado, los miembros de la oposición y las comunidades indígenas afectadas han intensificado sus críticas al enfoque del gobierno.

El 6 de febrero, la Comisión de Economía Plural aprobó un contrato entre la empresa estatal boliviana YLB y la CBC. Las tensiones aumentaron cuando los legisladores de la oposición enfrentaron restricciones de acceso a la sesión.

Los informes indican que los miembros de la oposición recurrieron a escalar muros y forzar la entrada a la sala donde se estaba llevando a cabo la votación, ya que el partido gobernante había cerrado sus puertas.

El proceso de aprobación ha provocado una importante reacción de varios sectores políticos y civiles, destacando las estrategias del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) tendientes a acelerar los acuerdos con China para la explotación de litio sin entablar debates con los críticos.

Falta de transparencia

Los críticos argumentan que el contrato es desfavorable para los intereses de Bolivia y carece de transparencia.

El diputado opositor Juan José Torrez, un abierto crítico de los contratos del litio, relató la turbulencia durante la sesión de la Comisión de Economía Plural del 6 de febrero.

El debate se vio interrumpido por la irrupción de grupos tanto partidarios como detractores de los acuerdos, lo que dio lugar a enfrentamientos. Este caos provocó una suspensión temporal de los debates sin planes inmediatos de reanudarlos.

Más tarde, esa misma noche, alrededor de las 08:00 pm los legisladores de la oposición fueron notificados de que la sesión se reanudaría de inmediato. Al regresar, encontraron las puertas cerradas y el personal de seguridad ausente.

Dada la urgencia, Torrez saltó una puerta para dar acceso a sus compañeros. Las fuerzas de seguridad intervinieron para intentar impedirles la entrada, según contó a Entorno.

Una vez dentro, constataron que ya se estaba llevando a cabo la votación para establecer el quórum y proceder con la discusión del contrato. A pesar de las protestas y las peticiones de que se permitiera el ingreso de los legisladores que quedaban afuera, la sesión continuó.

Finalmente, el acuerdo fue aprobado en la madrugada del 7 de febrero, con ocho votos a favor, cinco en contra y una abstención.

Soborno con código QR

Durante el debate sobre el contrato con la empresa china surgieron denuncias de que algunos legisladores, tanto de la oposición como del gobierno, recibieron sobornos para votar a favor.

El diputado opositor Renán Cabezas denunció que se realizaron pagos en efectivo a cambio de votos favorables y que algunos legisladores incluso utilizaron códigos QR dentro del salón del Congreso para recibir transferencias bancarias.

Cabezas instó al Ministerio Público a investigar estas denuncias en una entrevista con medios locales.

Torrez ha calificado los acuerdos con mineras chinas para la extracción de litio como una “traición al pueblo boliviano”, y sostiene que estos contratos suponen amenazas tanto para el medio ambiente como para la economía nacional, favoreciendo los intereses de China sobre los de Bolivia.

También expresó su preocupación de que el gobierno pueda emplear tácticas similares para excluir las voces de la oposición durante los próximos debates plenarios en la Cámara de Diputados y el Senado.

Torrez subrayó que el actual sistema de votación computarizado carece de transparencia ya que no permite la verificación individual de los votos, lo que aumenta el potencial de fraude.

Contaminación del agua

A pesar de la actual polémica, Torrez mantiene la esperanza de que el Senado detenga la aprobación final del contrato.

"Sería la única salvación para los potosinos y bolivianos. (Si no la detenemos,) no les estaríamos vendiendo el litio, se lo estaríamos regalando a los chinos", afirmó.

Los grupos sociales del departamento de Potosí que se oponen al contrato argumentan que la región recibirá sólo el 3% en regalías del valor de la producción, una cifra significativamente menor al 11% que exigían.

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) manifestó su rechazo al contrato con CBC para la explotación de litio en Potosí, donde se ubica principalmente el Salar de Uyuni.

Los acuerdos para la extracción de litio causarán importantes daños sociales, ambientales y económicos, beneficiando sólo a las empresas transnacionales, señaló a Entorno el presidente de Comcipo, Alberto Pérez.

Pérez expresó su preocupación por el impacto ambiental en las frágiles reservas de agua de Potosí, que son cruciales para las comunidades locales y la agricultura. Advirtió que el uso intensivo de agua en la extracción de litio podría agotar recursos esenciales para la población.

“El tema del medio ambiente, y más que todo el tema hídrico, es importante. En el lugar no hay mucha cantidad de agua, es agua dulce (que va) hacia los pozos, y todo eso se va a secar. Y qué van a hacer con el líquido (producto del litio), van a contaminar”, subrayó.