Por Catalino Hoyos | 2024-11-07

QUITO – La "Cárcel del Encuentro", una prisión de máxima seguridad en Ecuador construida por una empresa china con un historial de escándalos, ha generado intensas críticas de grupos de derechos humanos y comunidades indígenas.

En respuesta al aumento de la violencia que se ha apoderado de Ecuador en los últimos años, en junio, el Gobierno ecuatoriano invitó a la estatal China Road and Bridge Corporation (CRBC) a construir una prisión en la provincia de Santa Elena, estratégicamente alejada de las zonas dominadas por el crimen organizado.

A finales de ese mes, el contrato de 52 millones de dólares por el proyecto se adjudicó a Puentes y Calzadas Infraestructuras, filial de CRBC, a través de un proceso de contratación directa y confidencial, por lo que no se consideraron otros postores.

"Toda la información que contenga características o especificaciones técnicas del proyecto Construcción del Centro de Privación de Libertad en Santa Elena, del cual forma parte la presente contratación, fue clasificada como reservada”, de acuerdo con la invitación que el Servicio de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) de Ecuador extendió a CRBC.

Múltiples organizaciones, incluida la Comisión Nacional Anticorrupción de Ecuador, han expresado su preocupación por la selección de CRBC para construir el proyecto, una empresa que enfrenta numerosas acusaciones en Ecuador relacionadas con retrasos, pérdidas de ingresos, falta de transparencia, corrupción y otros problemas.

"Nos parecía absurdo que esa empresa y su subsidiaria sean invitadas para que lleven adelante la construcción de la cárcel de Santa Elena, cuando podía invitar a quien se le ocurriese. Es una invitación, no es un contrato de Gobierno a Gobierno", declaró a principios de julio Germán Rodas, coordinador de esa comisión, en una entrevista con Ecuavisa.

Irregularidades

La "Cárcel del Encuentro" enfrenta varias irregularidades, incluidos problemas con la asignación de terrenos para su construcción.

Carece de un estudio exhaustivo sobre su impacto ambiental y arqueológico, y algunas comunidades indígenas alegan que se está construyendo en un área protegida, afirmación que el Gobierno ha desestimado.

Durante su reciente visita en octubre para inspeccionar los avances en la construcción de la prisión, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, señaló que el proyecto penitenciario en Bajada de Chanduy, comuna de Santa Elena, ha avanzado un 30 %.

En su visita a Noboa, el general (retirado) Luis Zaldumbide, director general del SNAI, anunció que el proyecto estaría finalizado en 300 días.

La construcción cubre 12,2 hectáreas.

Esta no es la primera vez que la firma china CRBC enfrenta graves acusaciones de corrupción en Ecuador.

En agosto de 2021, se reveló que la constructora CRBC había subcontratado el 100 % de su obra para la ampliación de una carretera que conecta las provincias de Pichincha y Napo.

Un informe de la Contraloría General de la época reveló que CRBC delegó todo el trabajo a una empresa ecuatoriana cuyo principal accionista había sido condenado en 2020 a ocho años de prisión por sobornar a Alianza PAIS, el partido político del expresidente Rafael Correa, a cambio de proyectos.

Esta subcontratación violó una cláusula que limitaba el trabajo de terceros al 30 % del proyecto total.

El informe también reveló que se utilizaron materiales de baja calidad y Ecuador pagó sobrecostos, muchos de los cuales terminaron en la empresa china.

El proyecto se adjudicó a CRBC en 2012 a pesar de que las autoridades ecuatorianas sabían que la empresa había sido incluida en la lista negra del Banco Mundial en 2009 por cargos de corrupción relacionados con sus acciones en Filipinas.

Entre 2012 y 2017, CRBC consiguió otros cuatro proyectos en Ecuador bajo régimen especial, por lo que fue la única empresa invitada a participar, al igual que con la "Cárcel del Encuentro".

Toma de tierras ancestrales

El 16 de octubre, Juan Jarab, representante de derechos humanos de las Naciones Unidas para América del Sur, sostuvo una reunión virtual con miembros de la comunidad Bajada de Chanduy, líderes indígenas y organizaciones locales de derechos humanos para discutir los impactos de la construcción de la prisión en una zona que consideran "protegida".

Durante la conversación, representantes de la comunidad resaltaron que el proyecto penitenciario no había pasado por una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.

Los participantes discutieron el hecho de que el proyecto violaría derechos fundamentales, incluido el derecho al agua, a un medio ambiente saludable y a la biodiversidad.

En respuesta, Jarab expresó su preocupación por la política de construcción de cárceles como solución a la crisis de inseguridad sin precedentes que enfrenta Ecuador.

También recordó a los participantes que los esfuerzos anteriores por construir cárceles fuera de las zonas urbanas no han dado resultados positivos, ni en Ecuador ni en el extranjero.