Por Edelmiro Franco V. | 2025-02-25

BOGOTÁ -- El Clan del Golfo, declarado organización terrorista por Estados Unidos el 19 de febrero, es el mayor y más conocido cártel de Colombia, y en los últimos años ha experimentado una enorme expansión tanto en cuanto a territorio como en número de miembros.

Anteriormente conocidas como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los Urabeños o el Clan Úsuga, superan al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tanto en artillería como en miembros.

El 19 de febrero, el gobierno estadounidense amplió su lista de organizaciones terroristas en Latinoamérica para incluir también a la banda venezolana Tren de Aragua, a la salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13) y a cinco cárteles mexicanos.

El Clan del Golfo es la mayor organización criminal de Colombia, superando a otros grandes grupos de narcotraficantes, según declaró a Entorno Oscar Julián Palma, experto en seguridad y profesor de la Universidad El Rosario de Bogotá.

Señaló además que esta organización delictiva "puede estar dominando la mayoría de droga que sale por el Pacífico y el Caribe y tiene alianzas estructuradas con algunos carteles mexicanos".

Con la nueva designación terrorista, el gobierno estadounidense podrá emplear una serie de herramientas financieras, tácticas y estratégicas para combatir a estos cárteles, señaló Palma.

Supremacía del Clan del Golfo

El Clan del Golfo surgió como organización criminal tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2006, durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010).

Las AUC se crearon en la década de 1990, supuestamente para combatir a las guerrillas izquierdistas.

Tras la disolución de las AUC, varios antiguos dirigentes crearon nuevas organizaciones criminales, entre ellas el Clan del Golfo, que se ha expandido considerablemente durante la última década. En la actualidad es el cártel de la droga dominante en Colombia, con una fuerte presencia en gran parte del país.

Las cifras oficiales informaron que el Clan del Golfo operaba en 107 municipios con aproximadamente 1 900 miembros en 2017. Sin embargo, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) estimó que el número real era de entre 3 000 y 3 500 militantes ese año.

Según la FIP, el grupo opera con dos estructuras distintas. La primera es su facción armada principal, concentrada en Urabá (Antioquia y Chocó), el sur de Córdoba y zonas urbanas y semiurbanas del Bajo Cauca, en el noroeste de Colombia.

La segunda es una red de subcontratación que se extiende a otras regiones y capitales departamentales, lo que complica los esfuerzos por evaluar el alcance total del grupo.

Un informe confidencial de seguridad colombiano, publicado por La Silla Vacía en marzo de 2024, estimaba que el Clan del Golfo contaba con unos 5 000 miembros en 2023, frente a los 4 000 de 2022, lo que supone un crecimiento del 20% en sólo un año.

Expansión territorial

Actualmente clasificada como organización terrorista, el Clan del Golfo opera en 24 de los 32 departamentos de Colombia.

Según estimaciones de la Defensoría del Pueblo publicadas por Infobae en agosto de 2024, su presencia territorial se expandió un 84% entre 2019 y 2024, al pasar de 213 a 392 municipios.

Inicialmente concentrado en la región bananera de Urabá y Chocó, cerca de la frontera con Panamá, el grupo se expandió rápidamente a otras zonas, aprovechando los vacíos de poder dejados por las FARC y otras organizaciones criminales.

Su influencia es mayor en Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba, Meta, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Cesar y Cundinamarca.

Además del narcotráfico, el Clan del Golfo está implicado en el tráfico de personas a través de la selva del Darién, la trata de personas (incluidos mujeres y niños), la extorsión, el secuestro, el blanqueo de dinero, el desplazamiento forzado de comunidades campesinas e indígenas y las desapariciones forzadas.

La organización delictiva transnacional impone su control mediante asesinatos selectivos, eliminando a opositores y rivales. También se beneficia de las explotaciones mineras ilegales, que causan graves daños medioambientales.