Por Edelmiro Franco V. | 2025-04-18

BOGOTÁ -- Bojayá fue una vez una ciudad olvidada en el mapa colombiano, hasta que la tragedia de la guerra la puso en el foco de atención internacional.

En mayo de 2002, se produjo una de las peores masacres del país cuando decenas de civiles fueron asesinados dentro de una iglesia durante enfrentamientos violentos entre guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y grupos paramilitares.

Hoy, el pueblo permanece en el anonimato. La guerra puede haber cambiado de nombre, pero su crueldad persiste.

Las organizaciones criminales que compiten por el control del río Atrato continúan causando estragos, y el narcotráfico es ahora el centro de la violencia, dejando a los más vulnerables del pueblo, especialmente a sus niños, atrapados en el fuego cruzado.

Hailton Perea es uno de los pocos sobrevivientes de la masacre de 2002 en la iglesia, donde los residentes se habían refugiado del combate.

Las FARC lanzaron un cilindro bomba de gas contra los paramilitares apostados fuera de la iglesia. El arma atravesó el techo de la iglesia.

Al menos 100 residentes fueron asesinados dentro de la iglesia, 48 de ellos niños, en lo que se convirtió en una de las tragedias más desgarradoras de Colombia.

El dolor perdura y se transmite de generación en generación.

Hoy, Perea es alcalde de Bojayá, un municipio de aproximadamente 14 000 habitantes a orillas del estratégico río Atrato. La región, parte del remoto y accidentado departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, sigue siendo un corredor para grupos armados ilegales.

"Bojayá fue reconocido en el país y en el mundo por una de las peores masacres que han ocurrido en Colombia… Desde esa fecha, hasta ahora, no ha cambiado nada. El conflicto persiste", aseguró Perea en una entrevista con Entorno.

Recordó que cuando salió "de la parroquia, como a la media hora explota esa bomba. Vimos seres humanos despedazados, manos y cabezas, por un lado, y el otro. Ahí cayó un primo mío. Yo era muy joven".

Bojayá y otros municipios a lo largo del río Atrato se encuentran envueltos en una brutal disputa territorial. Grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), mejor conocidas como el Clan del Golfo, compiten por el control mediante la violencia y la intimidación.

La presencia de estos grupos ha desencadenado una crisis humanitaria sin precedentes en el Chocó. Organizaciones de derechos humanos documentaron al menos diez desplazamientos masivos causados ​​por enfrentamientos y operativos que involucraron a estas facciones criminales en 2024.

Según la Defensoría del Pueblo y organizaciones humanitarias, solo en 2024 al menos 62 000 habitantes se encontraban atrapados en sus hogares, privados de alimentación, atención médica y derechos básicos por los bloqueos armados y el control territorial impuesto por disidentes del ELN, las AGC y las FARC.

La mayoría de los afectados son comunidades afrocolombianas e indígenas, poblaciones históricamente marginadas y ahora atrapadas entre la violencia armada y el abandono del Estado.

Reclutamiento forzado de menores

En un informe de julio de 2023, la Fiscalía General de Colombia describió el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales, especialmente el ELN, y el Clan del Golfo como una "situación grave" en el Chocó. El informe destacó las devastadoras consecuencias: un aumento repentino de la deserción escolar y un preocupante incremento de los suicidios juveniles.

Ese mismo año, las comunidades del Chocó sufrieron abusos generalizados, incluidas medidas de control social, ataques a civiles, confiscación de propiedades, amenazas individuales y colectivas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, violencia sexual y violencia de género, informó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

Los menores eran particularmente vulnerables; muchos de ellos eran sometidos a confinamiento forzado y utilizados en funciones de combate o de apoyo.

El principal mecanismo del reclutamiento forzado en el Chocó es económico, según la investigación de 2021 que realizó Ornella Uberti, del Instituto KALU (Centro de Estudios de Ayuda Humanitaria de España). Los grupos armados atraen a menores con promesas de ingresos, ofreciéndoles alrededor de un millón de pesos colombianos (aproximadamente 250 dólares) al mes por participar en combate, o 600 000 pesos colombianos (150 dólares) por servir como vigías o informantes.

Los menores se integran gradualmente a las filas hasta incorporarse por completo, lo que hace casi imposible escapar sin correr el riesgo de ser etiquetados como traidores, según el estudio. Las niñas son especialmente vulnerables a la violencia sexual.

En un informe de la Defensoría del Pueblo, la investigación de Uberti explica por qué reclutan frecuentemente a menores: "El adoctrinamiento de menores de edad es mucho más eficiente que el de adultos, dado que los niños se encuentran en una etapa de desarrollo evolutivo permeables a nuevos saberes, técnicas y enseñanzas".

Jaison Mosquera, alcalde de Istmina, calificó la situación como extremadamente grave al confirmar la alarmante realidad.

"El reclutamiento es un tema complejo, porque las personas que pertenecen a los grupos al margen de la ley, están en la comunidad, están cerca de las escuelas y están convenciendo a nuestros niños, jóvenes y adolescentes a incluirlos dentro del conflicto", comentó Mosquera a Entorno.

Enfatizó que "es de mucha preocupación para nosotros, porque vemos a muchos jóvenes que son los que cargan las armas de estos grupos al margen de la ley".

Centro estratégico del narcotráfico

El Chocó tiene valor estratégico para los grupos armados ilegales debido a una combinación de factores geográficos, económicos y sociales que lo hacen ideal para operaciones ilícitas y control territorial.

Con costas en los océanos Atlántico y Pacífico, Chocó sirve como un corredor crucial para el tráfico de drogas hacia los mercados internacionales, facilitado por lanchas de alta velocidad y buques semisumergibles.

Su densa y selvática frontera con Panamá, que se extiende a lo largo de 266 kilómetros, es una ruta clave para el contrabando de armas, narcóticos y tráfico de personas.

Chocó une las regiones norte y sur de Colombia, y su geografía, marcada por un laberinto de ríos y una ausencia casi total de infraestructura vial, facilita que los grupos armados se muevan sin ser detectados y establezcan control sobre áreas remotas.

El departamento es rico en recursos naturales, en particular oro y otros minerales preciosos. La minería ilegal se ha convertido en una importante fuente de financiación para estos grupos, que explotan las zonas mineras y extorsionan a los mineros locales, consolidando aún más su presencia y poder en la región.