Por Andrés Pachón | 2025-01-16

BOGOTÁ -- Algunos analistas creen que las actuales negociaciones de paz de Colombia con los grupos armados ilegales en realidad están permitiendo a esas facciones reclutar más combatientes y expandirse a nuevos territorios.

La ausencia de una estrategia clara en las conversaciones de paz con estos grupos, junto con la incapacidad de establecer un sistema eficaz para ayudar a los excombatientes en la transición a la vida normal, ha resultado en errores repetidos, según enfatizó el senador Ariel Ávila, del partido de centroizquierda Alianza Verde.

La falta de método en la política de paz “se aprecia en los ceses al fuego sin protocolos y en la falta de precisión en temas de comprensión de agendas de negociación, lo cual ha llevado a errores graves”, explicó Ávila, politólogo y exsubdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, a Entorno.

Ávila contrastó esta política con la del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), en la cual "estaba muy claro el método y el fin podía variar".

En el gobierno de Gustavo Petro, "está claro el fin, pero no hay método", agregó.

Desde que asumió la presidencia en 2022, Petro ha impulsado una política de paz encaminada a negociar con el grupo insurgente de extrema izquierda Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos facciones de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el grupo paramilitar Clan del Golfo.

Estas organizaciones comparten una designación común como grupos terroristas y ganan dinero a través del tráfico de drogas y la minería ilegal, generando alrededor de 3.000 millones anualmente, según un informe de 2019 de la Fundación Paz y Reconciliación.

Atentados terroristas

La política de paz del gobierno, que incluye altos el fuego entre el ejército colombiano y varios grupos armados como el ELN, los disidentes de las FARC y otros, busca poner fin a un conflicto armado interno que se ha cobrado unas 450.000 vidas durante seis décadas, según informa la Comisión de la Verdad de Colombia.

El plan implica ayudar a los actores armados ilegales a desarmarse y reintegrarse a la sociedad.

Aún así, los repetidos ataques terroristas han obligado al gobierno a suspender y luego reanudar los altos el fuego en múltiples ocasiones, retrasando significativamente el progreso en la política de paz.

El reciente resurgimiento de dichos grupos refleja su enfoque histórico en las negociaciones de paz, comentó el almirante (retirado) Pablo Romero Rojas, secretario general de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados (Acore) de las Fuerzas Militares.

Señaló que estas facciones suelen utilizar conversaciones con varios gobiernos como estrategia para fortalecer su posición y explorar una transición a la vida política.

“Si eso no les funciona, abandonan el proceso de negociación y usan esas conversaciones para reorganizarse, fortalecer su control sobre el territorio y la población, y afianzar actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal o la extorsión”, indicó el exoficial a Entorno.

Expansión territorial

Diversas facciones armadas ilegales han conquistado un territorio de 324.736 kilómetros cuadrados y ahora cuentan con 16.770 miembros combinados en Colombia, según un informe del ejército colombiano de finales de 2023, publicado por Noticias Caracol.

Esas cifras representan un crecimiento del 4% en territorio y un crecimiento del 11% en membresía respecto al año anterior, según los militares.

Ávila atribuyó estas tendencias no sólo a la falta de una estrategia clara sino también a la continua expansión de los grupos.

“Las organizaciones criminales están en una etapa de fragmentación y expansión, lo que dificulta las posibilidades de concretar diferentes negociaciones de paz a cualquier gobierno, no solo al actual”, señaló.