Por Gaby Chávez | 2025-04-24

SAN SALVADOR -- La construcción del nuevo Estadio Nacional de El Salvador, promocionado como un proyecto emblemático de infraestructura financiado por China, ha generado alarma entre los defensores de la transparencia con respecto al historial de la empresa estatal china que lidera la construcción.

La Corporación Estatal de Ingeniería de Construcción de China (CSCEC), una de las mayores empresas de construcción del mundo, ha enfrentado acusaciones de corrupción, investigaciones de fraude y otros cargos de mala conducta en varios países, entre ellos Bolivia.

Su historial ha dado lugar a listas negras y sanciones por parte de instituciones globales, incluido el Banco Mundial.

Análisis minucioso del acuerdo

Incluso después de que esas instituciones sancionaran a CSCEC por presuntos delitos de soborno, colusión, prácticas fraudulentas, explotación laboral y daños ambientales, Pekín la eligió para liderar la construcción del Estadio Nacional de El Salvador, financiado en parte con una subvención del gobierno chino.

El gobierno salvadoreño anunció en diciembre de 2021, a través de redes sociales, que la construcción comenzaría en 2022. Pero no fue sino hasta finales de 2023 que el embajador de China en El Salvador, Zhang Yanhu, confirmó que las obras habían comenzado, con un presupuesto reportado de casi 100 millones de dólares.

Los trabajadores están construyendo el estadio en el antiguo sitio de una academia militar, y la supervisión del proyecto recae nominalmente en el Instituto Nacional de Deportes de El Salvador (INDES).

Sin embargo, el proceso ha suscitado críticas generalizadas por su opacidad. A finales de 2024, los funcionarios del INDES declararon que no tenían acceso a información contractual ni presupuestaria, ya que los funcionarios chinos eran los únicos que administraban el proyecto.

En su informe de transparencia de mayo pasado, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, condenó el acuerdo como una violación al derecho de la ciudadanía a acceder a la información, advirtiendo que la falta de supervisión local erosiona la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los fondos públicos.

"El gobierno salvadoreño no puede desvincularse de un proyecto que se construye en territorio nacional", declaró Escobar, enfatizando la obligación del Estado con sus ciudadanos.

"El peor de los negocios"

Los proyectos salvadoreños vinculados a China "están siendo manejados con mucha reserva", señaló el 22 de abril el analista político Napoleón Campos a El Diario de Hoy, periódico salvadoreño.

"Aunque se esté construyendo el estadio chino… está claro que la relación diplomática con China viene marcada por la opacidad desde que se compraron las vacunas chinas en la pandemia (COVID-19)", explicó Campos, haciendo referencia a los acuerdos de confidencialidad firmados en 2020 para la adquisición de vacunas.

Los líderes empresariales salvadoreños han expresado su preocupación por los términos del acuerdo con China, que según ellos otorga a las empresas chinas una amplia libertad en el diseño y la contratación de proyectos, lo cual podría dejar de lado la mano de obra y las empresas nacionales.

"Es el peor de los negocios para El Salvador", indicó Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, en una entrevista de mayo de 2021 con la revista Summa, luego de que la Asamblea Legislativa ratificara ese mes un acuerdo con China que incluía la construcción del estadio, una planta de tratamiento de agua y una biblioteca nacional.

"Es una lástima, por ejemplo, que los trabajadores salvadoreños no tengan oportunidad laboral en las obras que se realicen", añadió.

Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), se hizo eco de esas preocupaciones en el mismo artículo, argumentando que los acuerdos de infraestructura con empresas chinas normalmente excluyen la mano de obra y los materiales salvadoreños, lo que limita cualquier impacto real en la economía local.

Los sindicatos salvadoreños han denunciado los acuerdos, alegando que excluyen por completo a los contratistas locales y no generan empleo para los salvadoreños. Los críticos alegan además un doble rasero: mientras que las empresas chinas gozan de plena autonomía en el diseño, la ejecución y los plazos de los proyectos, las empresas salvadoreñas deben cumplir con largos procesos de aprobación.

En marzo, el presidente del INDES, Yamil Bukele, hermano del presidente salvadoreño Nayib Bukele, presentó una maqueta del nuevo estadio junto a Zhang, el embajador chino.

Se espera que el estadio se inaugure a mediados de 2027 con una capacidad prevista para 50 000 espectadores.

Infracciones en Bolivia

CSCEC, la empresa estatal que construye el estadio, tiene un largo historial mundial de acusaciones de mala conducta.

Entre 2009 y 2015, el Banco Mundial incluyó a CSCEC en su lista negra por prácticas fraudulentas durante los procesos de licitación, lo que la inhabilitó para participar en contratos financiados por el Banco.

En una investigación de mayo pasado, publicada por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, el Banco Mundial describió un patrón de abusos vinculados a un proyecto de autopista de 230 millones de dólares en Bolivia otorgado a CSCEC por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

En 2018, el Banco Mundial financió la construcción de un corredor de 200 kilómetros de longitud, destinado a atender a unos 125 000 residentes, más de la mitad de los cuales son indígenas.

Las consultas consistieron sólo en reuniones breves con pocas oportunidades para un diálogo genuino, según indicaron los líderes indígenas a los investigadores.

Afirmaron que la CSCEC había obligado a los residentes locales a firmar acuerdos desfavorables de concesión de tierras para la extracción de materiales de construcción, a menudo a precios inferiores al valor del mercado.

Al parecer, las viviendas que los chinos prometieron a cambio estaban incompletas y no eran adecuadas para el clima local.

El Banco Mundial acusó a la empresa de contaminar fuentes críticas de agua, no cumplir con las regulaciones laborales y no suministrar protecciones esenciales a los trabajadores, incluido el pago oportuno y la cobertura de salud.

Ni la CSCEC ni las autoridades bolivianas han respondido públicamente a las acusaciones.