Por AFP | 2024-11-20

SOYAPANGO, El Salvador -- Dos años después de que su hijo fuera arrestado en su casa de El Salvador durante una redada antipandillas, Reynaldo Santos está desesperado por verlo, aunque sea brevemente, para saber si todavía está vivo.

Es uno de varios padres que exigen "pruebas de vida" después de que sus hijos fueron encarcelados como parte de la campaña del presidente Nayib Bukele contra las pandillas callejeras.

En su casa en Soyapango, un pueblo cerca de la capital, San Salvador, que alguna vez estuvo controlado por la temida pandilla Mara Salvatrucha, Santos comparte fotos de Jonathan, de 22 años, y un expediente sobre su caso.

"No puedo estar seguro de que está vivo", comentó el panadero de 57 años, señalando documentos oficiales de marzo y octubre que indicaban que su hijo tenía "gastritis".

Jonathan Santos, un trabajador de una fábrica sin antecedentes penales, fue arrestado en diciembre de 2022 cuando soldados y policías rodearon Soyapango como parte de la "guerra" contra las pandillas declarada por Bukele ese año.

Casi un tercio de los 83 000 salvadoreños que han sido detenidos bajo el estado de emergencia, el cual permite arrestos sin orden judicial, son inocentes, estima el grupo de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario.

Ocho mil sospechosos inocentes fueron arrestados y luego liberados, reconoció Bukele el 12 de noviembre, acusando a los activistas de inventar una cifra mucho mayor.

"Ningún cuerpo de policía de ningún lugar del mundo es perfecto", afirmó.

En El Salvador, las visitas a las cárceles están prohibidas, los reclusos permanecen incomunicados y muchas familias desconocen su ubicación o condiciones.

Reynaldo Santos lleva cada mes comida o ropa a la prisión La Esperanza, en San Salvador, sin saber si su hijo las recibirá.

"Vivo o muerto"

Los familiares de los detenidos están cada vez más angustiados tras los informes de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos sobre más de 300 muertes en cárceles salvadoreñas desde 2022.

En la comunidad agrícola de Jiquilisco, a unos 100 kilómetros al sureste de San Salvador, los residentes dijeron a AFP que la policía se llevó a 21 jóvenes en un año.

Uno de ellos, Emilio Villalta, regresó en ataúd.

Eduardo, un veterano de unos 30 años, estaba entre los arrestados.

Su padre, Pablo Rivera, un agricultor de 54 años, ha hecho todo lo que se le ha ocurrido para verlo.

"Quisiera saber si mi hijo está vivo o muerto", expresó.

Bajo el lema "prueba de vida", varias ONG lanzaron en octubre una campaña para exigir visitas a los presos y la entrega de los certificados médicos de los reclusos.

"Es inhumana y totalmente desesperante la situación en la que están miles de personas", declaró a AFP Mirna Perla, activista de derechos humanos y exjueza de la Corte Suprema.

Ante las críticas, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, insistió en que las autoridades han actuado "con responsabilidad" y "velan porque no haya abusos".

Acusó a las ONG de servir a "criminales".

Como muchos detenidos, Jonathan Santos fue acusado de pertenecer a una organización "ilícita".

Un policía dijo que un videojuego que tenía en su casa era un "juego de pandilleros", según su padre, que tiene una foto de la graduación de su hijo colgada en la pared.

"Creí que [el estado de emergencia] era para pandilleros, no para inocentes", añadió.

Súplica al presidente

En su casa de Jiquilisco, Jesús Alvarado, de 52 años, explicó que su hijo José, un tractorista de 27 años, seguía tras las rejas a pesar de dos órdenes judiciales para su liberación inmediata.

Quedó consternada al saber que lo habían llevado a una megaprisión que retiene a presos considerados por las autoridades como los gánsteres más peligrosos, comentó entre sollozos la madre de seis hijos.

"Le estoy pidiendo al presidente que me permita ver a mi hijo... o recibir una llamada telefónica. No lo he visto en tres años", señaló.

Ingrid Escobar, abogada de Socorro Jurídico Humanitario, precisó a AFP que las autoridades no han cumplido con cientos de órdenes de liberación.

Un joven empresario, Melvin Ortiz, tenía 24 órdenes de este tipo a su favor, pero solo fue liberado después de una apelación ante las Naciones Unidas.

Reynaldo Santos aún no se atreve a soñar con tal desenlace.

Quiere ver a su hijo "aunque sea un minuto" para decirle que está luchando por él.