Por Gaby Chávez | 2025-02-13

SAN SALVADOR -- Elena Vásquez lleva dos años y medio sin ver a su hija, Claudia, quien permanece presa en El Salvador junto a otras 84 260 personas detenidas bajo el régimen de excepción impuesto en marzo de 2022 para frenar la violencia de las pandillas.

“Hace dos años no sé de mi hija. El primero de julio de 2022 fue la última vez que la vi”, recuerda Elena mientras habla con Entorno y se seca las lágrimas.

La angustia y la incertidumbre de no saber la condición de su hija son compartidas por miles de familias cuyos seres queridos ahora están tras las rejas luego de ser parte de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

Desde la detención de su hija, Vásquez ha asumido la plena responsabilidad de sus tres nietos, lo que aumenta su carga económica, especialmente como madre soltera de dos niños más.

Luchando para satisfacer las necesidades básicas de su familia, ahora se encuentra en una situación cada vez más vulnerable.

“Yo no puedo llevarle un paquete todos los meses; lo que hago es ir recogiendo algunas cositas poco a poco de la comida nuestra”, explica la mujer de 46 años, quien se dedica a limpiar casas en Santiago Nonualco, un pequeño pueblo del departamento de La Paz.

Tiempo y dinero

A las familias de los detenidos se les permite enviar un paquete mensual que contiene alimentos no perecederos, ropa blanca nueva, kits de higiene y algunos medicamentos.

Sin embargo, este apoyo tiene un costo elevado (alrededor de 250 dólares por paquete) mientras que el salario mínimo del país es de apenas 365 dólares mensuales.

“Uno lleva el paquete al penal, lo revisan en la entrada, nos revisan a nosotros y agarran las cosas, pero no veo cuando se lo dan a ella. No sé si Claudia recibe esas cosas. Uno lleva lo que puede y solo puede tener fe”, agregó Vásquez.

Pero el costo no es sólo financiero: entregar estos paquetes también requiere una importante inversión de tiempo y esfuerzo por parte de las familias.

Vásquez debe soportar un viaje en autobús de cinco a seis horas desde su casa hasta el Centro Penitenciario Apanteos en Santa Ana. Para hacer el viaje, ahorra 20 dólares, que le cubren el viaje del sábado por la tarde. Al llegar, pasa la noche en la calle junto a otras mujeres, con la esperanza de conseguir un lugar al comienzo de la fila el domingo por la mañana.

Está viva

“Me gustaría saber cómo está ella, si está bien de salud o poder verla aunque sea rápido. A veces la he soñado regresando a casa”, sostiene mientras realiza los quehaceres en su vivienda, que se encuentra en notable mal estado.

Mantener a cinco niños con sólo 15 dólares al día se ha convertido en un desafío abrumador, y la lucha constante ya ha afectado la salud de Vásquez.

“Debería tomar medicamento para cuidarme de los triglicéridos y los nervios, pero no puedo comprarlo”, admite.

Hace unos meses, Vásquez se enteró de que una mujer de su pueblo había sido liberada del Centro Penitenciario de Apanteos. Desesperada por tener alguna noticia, la buscó para preguntarle por su hija.

Aunque la exdetenida había visto a Claudia algunas veces, no podía dar mucha información ya que estaban recluidas en celdas separadas.

“Al menos sé que está viva”, señaló Elena.

Claudia, la hija mayor de la familia, fue detenida en su domicilio el 28 de junio de 2022 por la Policía Nacional Civil (PNC).

Arrestos masivos

Al 31 de diciembre, el Gabinete de Seguridad de El Salvador reportó 84 260 sospechosos detenidos desde marzo de 2022 bajo el régimen de excepción.

De los detenidos, unos 8 000 han sido liberados, según fuentes oficiales.

En una conferencia de prensa a principios de este año, las autoridades también informaron sobre el decomiso de 10 438 vehículos vinculados a organizaciones criminales, 21 616 teléfonos celulares y 4 458 armas de fuego.

La PNC también destacó que entre el 1° de junio de 2019 y el 31 de diciembre de 2024, el país registró 798 días sin homicidios.

Condenas más duras

El 7 de febrero, el Congreso de El Salvador aprobó tres nuevas leyes que aumentan las penas de prisión para varios delitos comunes y delitos relacionados con la corrupción.

Las más severas se aplican al homicidio agravado, cuya pena se ha elevado de entre 20 y 30 años a 60. Mientras tanto, el homicidio simple ahora conlleva una pena de prisión de entre 25 y 35 años, en comparación con los 15 a 20 años anteriores.

Otros delitos, incluida la privación ilegal de la libertad, la violación, la agresión sexual, el robo y el atraco, también enfrentan penas más estrictas bajo la nueva legislación.