Por John Caicedo | 2025-06-27

LIMA -- Desde su inauguración en noviembre de 2024, el megapuerto de Chancay ha colocado al Perú en el centro de un polémico debate sobre la soberanía económica y la competencia del mercado.

Mientras Pekín elogia la terminal respaldada por China como un motor del comercio bilateral, las autoridades peruanas han alertado sobre el modelo operativo del megaproyecto, que está liderado por la estatal Cosco Shipping.

En mayo, el regulador de inversiones en transporte de Perú, Ositrán, solicitó a la agencia nacional antimonopolio Indecopi que evaluara si las condiciones en Chancay garantizan una competencia justa, particularmente en comparación con otros puertos como el Callao.

Tras entrevistas con navieras, exportadores, importadores y autoridades regionales, Indecopi concluyó que Chancay carece de las salvaguardas para una competencia abierta.

Citando esos hallazgos, el gobierno ahora planea regular las tarifas en el puerto a través de Ositrán, con una propuesta final prevista para el 24 de julio.

Cosco, que posee una participación mayoritaria en el puerto, respondió con rapidez y firmeza. En un comunicado público, la compañía advirtió que está considerando tomar las medidas legales pertinentes y rechazó cualquier interferencia del Estado en sus políticas de precios o prácticas operativas.

Cosco lidera la inversión de 5000 millones de dólares en el puerto junto a la minera peruana Volcán y ve la intervención arancelaria como una amenaza a su autonomía.

La disputa ha profundizado las divisiones políticas en Lima.

Algunos economistas defienden la intervención estatal como esencial para frenar el posible dominio del mercado. Otros sostienen que la decisión del Indecopi se basa en datos obsoletos y no refleja la complejidad del panorama logístico actual del Perú.

Megapuerto, costa contaminada

Las tensiones ambientales han contribuido a la controversia.

En enero, un grupo ciudadano de Chancay presentó una denuncia penal acusando a Cosco de contaminar la playa de Chorrillos, adyacente al sitio de construcción.

El grupo Freddlich (Frente de Defensa de la Dignidad y la Libertad de Chancay) denuncia que la instalación de "geotubos" rellenos de arena, destinados a reducir la erosión costera, ha alterado gravemente el paisaje natural.

Su abogado, Ricardo Torres, expresó a los medios de comunicación locales: "El que contamina debe reparar", y pidió una investigación penal.

Freddlich también ha presentado dos recursos legales, no solo contra Cosco, sino también contra el Estado peruano por no mitigar el daño ambiental.

Las demandas acusan al Ministerio de Transporte, el Ministerio de Medio Ambiente y otras agencias de descuidar sus deberes de proteger los ecosistemas costeros.

Los documentos presentados ante el tribunal citan una evaluación ambiental de 2020 que advirtió sobre "impactos severos" en las playas del norte. El grupo alega que los contratistas utilizaron neumáticos viejos para anclar los geotubos que desde entonces se han dispersado por la costa, contaminando la zona e interrumpiendo el turismo y el acceso público.

A medida que aumenta la oposición local, los críticos del impulso de infraestructura global de China han revivido las preocupaciones por la degradación ambiental, el control monopolístico y las ambiciones estratégicas de Pekín.

Estados Unidos también ha advertido al Perú sobre los riesgos a largo plazo de entregar infraestructura crítica a empresas respaldadas por el gobierno chino.

La inauguración del puerto a finales de 2024, con la presencia del presidente chino, Xi Jinping, marcó un hito simbólico en las relaciones chino-peruanas. Menos de un año después, esa inversión emblemática se ha convertido en un punto de conflicto, donde la promesa comercial choca con la presión regulatoria y el escrutinio geopolítico.