Diplomacia
Panamá toma medidas para ponerle fin al control de empresa china sobre puertos clave del Canal
La propuesta ha sido bien recibida, ya que los críticos dicen que los beneficios económicos de la concesión han sido mínimos y que esta equivale a un "enclave colonial".
![Fotografía de archivo del presidente de China, Xi Jinping (segundo desde la izquierda) y el entonces presidente panameño, Juan Carlos Varela, saludando, acompañados por las primeras damas Peng Liyuan (izquierda) y Lorena Castillo (derecha), frente al buque portacontenedores chino Cosco Shipping Rose en las esclusas de Cocolí, en el Canal de Panamá, en diciembre de 2018. [Luis Acosta/AFP]](/gc4/images/2025/02/28/49353-canal_de_panama-600_384.webp)
Por Laura Beatriz Pacheco |
CIUDAD DE PANAMÁ -- La Procuraduría General de la República de Panamá recomendó revocar la concesión otorgada a una empresa china para operar puertos en ambos extremos del Canal de Panamá, citando su carácter "inconstitucional".
La propuesta ha obtenido el visto bueno de diversos sectores, los cuales sostienen que los beneficios económicos de la concesión, calificada como un “enclave colonial”, han sido mínimos y solo han servido para perpetuar desigualdades económicas.
El contrato de CK Hutchison Holdings, propiedad del multimillonario de Hong Kong Li Ka-shing, ha suscitado preocupaciones generalizadas sobre la creciente influencia de China sobre el Canal de Panamá, según AFP.
Desde 1997, Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de CK Hutchison, administra dos de los cinco puertos del canal bajo una concesión otorgada por el gobierno panameño.
![El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (izquierda), estrecha la mano del administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, durante un recorrido por las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá el 2 de febrero. [Mark Schiefelbein/Pool/AFP]](/gc4/images/2025/02/28/49354-canal_de_panama2-600_384.webp)
Beneficios mínimos
La Corte Suprema de Panamá aceptó el 19 de febrero considerar la solicitud de un abogado de anular el contrato, la segunda impugnación de este tipo que ha admitido.
El 26 de febrero, el fiscal general Luis Carlos Gómez presentó un escrito en apoyo a las demandas, en el que pedía al tribunal que declare "inconstitucional" el contrato por "indebidamente transferir derechos privativos del Estado panameño", informó AFP.
PPC administra los puertos de Cristóbal del lado del Atlántico del canal y Balboa del lado del Pacífico.
El acuerdo se renovó en 2021 por 25 años.
El controlador general de la República de Panamá, Anel Flores, y la Autoridad Marítima de Panamá iniciaron a finales de enero una auditoría a PPC, enfocándose en las concesiones donde el Estado panameño tiene acciones.
A pesar del crecimiento del tráfico de contenedores, los beneficios económicos para Panamá derivados de esta concesión han sido mínimos, según expresó Flores el 26 de febrero. Describió el acuerdo como un "enclave colonial" que exacerba las desigualdades económicas, como informó el periódico La Estrella.
Los demandantes del caso argumentan que la empresa se benefició de exenciones fiscales indebidas y otros beneficios.
"Violan la Constitución de manera flagrante"
Los denunciantes argumentan que la empresa goza de "un espectro amplio de derechos" sobre la gestión del puerto, incluida la capacidad de expandirse sin coste adicional y con precedencia sobre terceros.
Sostienen además que PPC tiene acceso exclusivo y preferencial a áreas estratégicas, lo cual impide que otros operadores compitan en igualdad de condiciones.
Esta situación socava el mercado portuario y limita la participación de nuevos inversionistas que podrían ofrecer mejores condiciones para el Estado y la sociedad, agregó Gómez.
La concesión de 1997, renovada en 2021, otorga a la empresa china poderes que "violan la Constitución de manera flagrante", enfatizó el abogado litigante y exfiscal panameño Giovani Olmos.
Explicó que se genera un desequilibrio contractual, en el que los intereses privados priman sobre los nacionales y que pone en desventaja al Estado, según declaraciones a La Estrella.