Medio Ambiente

El dragado de oro por parte de China deja en ruinas más de 40.000 hectáreas de la Amazonia boliviana

Las empresas chinas explotan clandestinamente el oro operando dentro de cooperativas mineras bolivianas, evadiendo las regalías estatales y sin tener en cuenta los beneficios comunitarios.

Una draga china extrae sedimentos como parte de una operación minera de oro a lo largo de las orillas del río Kaká en la selva amazónica boliviana. [Environmental News Agency]
Una draga china extrae sedimentos como parte de una operación minera de oro a lo largo de las orillas del río Kaká en la selva amazónica boliviana. [Environmental News Agency]

Por Aurora Lane |

LA PAZ -- Empresarios chinos llegaron a Bolivia en 2018, trayendo su maquinaria con la expectativa de encontrar oro. Cinco años más tarde, después de emplear prácticas engañosas y explotar áreas protegidas, más de 43.000 hectáreas de la Amazonia boliviana están ahora devastadas.

Un informe de investigación de la Agencia de Noticias Ambientales (ANA) de Bolivia, publicado el 28 de septiembre, informa sobre la alarmante destrucción que se produce a lo largo de las orillas del río Kaká en el departamento de La Paz, una parte crítica de la Amazonía.

Hace cinco años Bolivia declaró ilegal la actividad minera en este afluente, que se extiende desde la confluencia de los ríos Mapiri y Atén hasta las proximidades del río Beni.

Sin embargo, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ha otorgado licencias que cubren un total de 1.722 cuadrículas, conocidas como unidad de medida de las concesiones mineras en Bolivia, de 25 hectáreas cada una.

Maquinaria pesada limpia incansablemente secciones de la selva amazónica boliviana, áreas que han sido destinadas a la extracción de oro. [Environmental News Agency]
Maquinaria pesada limpia incansablemente secciones de la selva amazónica boliviana, áreas que han sido destinadas a la extracción de oro. [Environmental News Agency]

Para extraer oro, las empresas chinas establecen colaboraciones con cooperativas locales a través de acuerdos internos conocidos como contratos de prestación de servicios. Estos contratos permiten a los extranjeros explotar el mineral en cuadrículas que AJAM originalmente otorgó a cooperativistas bolivianos.

Contaminación por mercurio

Según este acuerdo, los chinos pagan regalías reducidas al Estado boliviano y asignan un pequeño porcentaje, normalmente entre el 25 y el 30%, a los locales, mientras que retienen la mayor parte restante, como se destaca en el informe de ANA.

"Hay cooperativas legalmente constituidas por bolivianos, incluidos locales de Mayaya, de forma que ellos [los chinos] explotan los recursos a través de estas cooperativas", afirmó Hilarión Mamani, teniente de alcalde de Mayaya, en una entrevista con un medio de comunicación independiente.

El informe de la investigación mostró que las operaciones de dragado contaminan gravemente los ríos con mercurio que eventualmente se transforma en metilmercurio. Esta sustancia tóxica envenena el pescado, alimento básico en la dieta de las poblaciones indígenas que residen en las tierras bajas del norte de La Paz.

Además, estas operaciones resultan en una deforestación a gran escala, desplazando la vida silvestre y las comunidades indígenas y campesinas. La proximidad de la maquinaria de dragado a las orillas de los ríos contribuye a los deslizamientos de tierra e invade tierras utilizadas para la agricultura comunitaria, lo que provoca la pérdida de tierras agrícolas vitales.

"Las orillas de los ríos con playas se han convertido en zonas auríferas, lo que ha provocado una considerable degradación del suelo", afirmó Mamani.

Minería ilegal

Durante una expedición en barco desde Rurrenabaque, en Beni, hasta el municipio adyacente de Teoponte, que bordea parques nacionales, reservas indígenas y áreas ecológicamente sensibles, la ANA encontró más de 40 zonas de explotación de oro.

En estas áreas, la minería ilegal tiene una presencia significativa, con más de 20 dragas chinas detectadas.

El medio de comunicación realizó varios intentos para obtener respuestas de las autoridades gubernamentales, particularmente de AJAM, pero no obtuvo resultados. Sin embargo, tras la publicación del informe, AJAM exigió que ANA revelara todas las fuentes utilizadas en la compilación del informe. La divulgación violaría las leyes bolivianas de la protección y confidencialidad de las fuentes periodísticas.

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