AFP | 2023-08-25

TECOLUCA, El Salvador -- La implacable guerra del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra las pandillas está llenando constantemente los celdas de una enorme prisión, quizás la más grande de Latinoamérica.

En el complejo de Tecoluca, al sureste de la capital San Salvador, decenas de reclusos con la cabeza rapada miran desde un solo pabellón.

Entre las omnipresentes camisetas y pantalones cortos de color blanco destacan algunas cabezas y cuellos cubiertos de tatuajes oscuros.

A finales de agosto, AFP se unió a funcionarios gubernamentales de derechos humanos en un inusual recorrido por la prisión, conocida formalmente como Centro de Confinamiento Terrorista, casi exactamente seis meses después de su inauguración el 24 de febrero.

Esta enorme prisión tiene capacidad para 40.000 reclusos, pero ahora alberga a 12.114 pandilleros acusados.

"Aquí estamos perseverando día a día, tratando de cambiar con la ayuda de nuestro Dios", declaró desde el interior de una celda José Hurquilla Bonilla, miembro de la pandilla Barrio 18.

Las organizaciones humanitarias han cuestionado el trato a los presuntos pandilleros. Entre las decenas de miles de detenidos en las prisiones del país hay al menos 1.600 menores de edad, según ha señalado críticamente la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La prisión fue construida para albergar a algunos de los más de 72.000 presuntos pandilleros detenidos bajo un estado de emergencia decretado en marzo de 2022 por el Congreso a petición de Bukele, en respuesta a una escalada de violencia que se cobró 87 vidas en apenas tres días.

Las autoridades acusan a casi todos los prisioneros de Tecoluca de pertenecer a las violentas pandillas rivales Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, que surgieron en las calles del sur de California hace cuatro décadas.

"Cuando eres niño, cualquiera te miente y te endulza, caes en un error, y cuando creces... te das cuenta", dice Nelson Velásquez, un preso de 37 años con "EM-13" tatuado en la cabeza.

Hasta 75 reclusos por celda

Velásquez habló durante una visita a las instalaciones de la defensora del pueblo de derechos humanos de El Salvador, Raquel Caballero, y del comisionado de derechos humanos del país, el colombiano Andrés Guzmán.

En cada celda de unos 100 metros cuadrados (1.000 pies cuadrados) viven entre 60 y 75 reclusos. Comparten dos baños y dos lavabos con agua corriente para lavarse, así como dos recipientes con agua potable.

Con las manos atadas, vestido como el resto de los presos con camiseta, pantalón corto y mascarilla blanca, Velásquez dijo que ya cumplió dos condenas por distintos delitos que suman 15 años pero ahora está esperando un nuevo juicio.

Los pabellones de la prisión tienen un techo curvo para asegurar la ventilación natural y los tragaluces, para iluminar el patio que separa los pabellones.

Algunos reclusos han quedado en libertad.

"Hasta la fecha, algo más de 7.000 presos han sido liberados", señaló el martes 22 de agosto el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Para construir la prisión, el Estado compró 166 hectáreas de terreno.

El complejo, que consta de ocho bloques de celdas, está rodeado por un muro de hormigón de 2,1 kilómetros de largo y 11 metros de alto, además de las cercas electrificadas.

"No hay suficiente comida"

Después de hablar con los reclusos en diferentes celdas, Caballero, defensor del pueblo de los derechos humanos, dijo que los presos se quejaron de falta de alimentos.

"Se quejan de que no hay suficiente comida" y "de que están ociosos, sin hacer nada porque están encerrados", indicó Caballero a AFP.

La prisión cuenta con comedores, áreas de descanso, gimnasio y mesas de ping pong, pero sólo para el uso de los guardias.

Aquí hay "celdas de castigo" oscuras y sin ventanas para los reclusos que cometen malos tratos. También hay salas de audiencias judiciales virtuales para que los presos no tengan que salir de la cárcel.

A los reclusos no se les permiten visitas de familiares.

Durante la visita al penal, Guzmán preguntó a los reclusos sobre la situación en las celdas, y la mayoría comentaron que el agua "no falta", pero pidieron escobas y detergente para la limpieza.

Un médico afirmó que diariamente se toman muestras de agua y se envían a un laboratorio para analizarlas por una posible contaminación.

Las opiniones de los presos se dividen: algunos dicen que reciben a tiempo la pasta de dientes, los cepillos de dientes y el jabón, mientras que otros exigen medicamentos para quienes padecen enfermedades terminales.

"Hay mucho, mucho, mucho más trabajo por hacer desde el punto de vista de los derechos humanos para ellos, pero lo vamos bien", expresó Guzmán. Sostuvo que los detenidos "se encuentran en condiciones dignas".

La ONG de derechos humanos Cristosal, en el primer aniversario del estado de emergencia denunció 174 muertes de detenidos bajo custodia estatal, calificándolo como "una medida permanente de represión y violaciones de derechos humanos".

La ONU ha solicitado una investigación sobre las muertes.

La prisión cuenta con un equipo médico de 50 personas, entre enfermeras y médicos, añadió Caballero.