Por AFP | 2024-12-17

CHOCÓ, Colombia -- En 2016, la justicia colombiana dictó un fallo histórico en el que concedía derechos legales a un río vital de la selva noroccidental de Chocó, que estaba sufriendo los estragos de la minería ilegal.

Este fallo envió un mensaje contundente sobre la protección del medio ambiente.

La histórica decisión, que se produjo el mismo año en que el Gobierno firmó un histórico acuerdo de paz con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que controlaban gran parte de Chocó, obligó a las autoridades a proteger el río Atrato, fuente de vida de la región.

Un nuevo amanecer parecía posible en el departamento más pobre y azotado por el conflicto de Colombia, donde decenas de niños habían muerto envenenados con mercurio debido a la extracción ilegal de oro en el río.

Pero, ocho años después, el Atrato sigue salpicado de barcazas de dragado ilegales que remueven el lecho del río en busca de oro. Nuevos grupos armados han ocupado el lugar que dejaron los guerrilleros de las FARC. Los lugareños aún temen los riesgos para la salud que pueden provocar las aguas turbias del río.

La difícil situación del Atrato pone de relieve los problemas a los que se enfrentan los conservacionistas en las zonas de conflicto.

El Atrato se extiende 750 km a lo largo de Chocó, partiendo de los Andes y atravesando la espesa selva hasta llegar al mar Caribe.

Ante la casi inexistencia de carreteras asfaltadas en la región, el río y sus afluentes son los principales medios de transporte de pasajeros y mercancías, además de una fuente vital de alimentos.

"Es como si fuese nuestra vena arterial (...) sin él no tendríamos existencia", declaró a AFP Claudia Rondán, una activista medioambiental de 41 años de la comunidad indígena Embera.

El río está "enfermo"

Rondán es una de los 14 líderes de las comunidades ribereñas que ejercen de "guardianes" del Atrato y ayudan a garantizar el cumplimiento del fallo judicial de 2016.

Pero se siente incapaz de revivir un cauce que describe como "enfermo".

Ramón Cartagena, ecologista de 59 años y guardián cercano al nacimiento del río en El Carmen de Atrato, se siente igualmente desesperado.

"No hay vida alguna en el río", afirmó.

"Nuestros padres nos dejaron (...) un río transparente, diáfano, y hoy nosotros tenemos una obligación de hacer lo mismo y creo que estamos fallando".

El Atrato comienza a 3900 metros sobre el nivel del mar en la cordillera Occidental, la zona más baja de los Andes colombianos.

En su nacimiento, el agua es cristalina y potable.

Pero, cuando el río se ensancha cerca de Quibdó, la principal ciudad de Chocó, sus aguas rápidas y turbias están impregnadas de mercurio, un ingrediente clave en la extracción de oro que ha sido considerado responsable de la muerte de decenas de niños en la última década.

Colombia es el país más afectado por la contaminación por mercurio, según un informe de las Naciones Unidas de 2018.

En Quibdó, los pescadores se quejan de no poder vender su mercancía, porque los residentes temen envenenarse.

Los niveles de mercurio del río son seguros, según Arnold Rincón, director de la autoridad ambiental local.

Pero algunos aldeanos muestran signos de "intoxiación crónica", según José Marrugo, especialista en contaminación por mercurio de la Universidad de Córdoba, en el norte de Colombia.

Mirar hacia otro lado

A mediados de septiembre, los militares habían destruido 334 máquinas de minería ilegal en el río Atrato.

Pero el dragado continúa a pesar de todo.

En una visita a la región a principios de año, la AFP pudo ver varias balsas mineras destartaladas en el río.

"A la gente le da miedo denunciar, todo el mundo se queda callado", Bernardino Mosquera, otro de los guardianes del Atrato, declaró a la AFP.

Esto incluye a los guardianes del río. Dicen que han recibido amenazas de muerte por luchar contra la minería ilegal.

Colombia es el país más peligroso del mundo para los activistas ambientales, con 361 asesinatos desde 2018, dijo la fundación colombiana por la paz Pares en un informe de octubre.

El juez que dotó al Atrato de derechos esenciales, Jorge Iván Palacio, ha culpado a la "falta de voluntad política" y a la corrupción del fracaso del Estado a la hora de ejecutar correctamente la sentencia.

En una acusación condenatoria, la Defensoría del Pueblo de Colombia, que supervisa la protección de los derechos civiles y humanos, dijo que "no se evidencia ningún tipo de avance que aporte a la efectiva conservación" en la región desde 2016.