Por AFP y Entorno | 2023-07-26

RÍO JATUNYACU, Ecuador -- Sentadas junto a una fogata, las mujeres kichwas recuerdan el día en que se enfrentaron a los mineros del oro que habían dejado varadas sus embarcaciones a lo largo del río Jatunyacu hace tres años. Desde entonces, las mujeres han estado patrullando el río por actividad minera ilegal y han acudido a los tribunales superiores para impugnar las licencias mineras.

“Nos armamos con lanzas hechas de palos y carteles y corrimos para acá a ver qué pasaba”, declaró Yuturi Warmi, miembro de la guardia indígena en la provincia de Napo.

Acompañada de un puñado de mujeres, relató el día (hace 18 meses) que mineros ilegales llegaron ofreciendo dinero al entonces presidente de la comunidad a cambio de permisos para explotar sus tierras.

“No dejaremos entrar a las empresas mineras ni a los mineros ilegales, aunque eso signifique que tengamos que morir”, comentó la mujer, quien pidió no revelar su identidad para proteger su seguridad.

Si bien la comunidad de Serena ha resistido la entrada de la minería, la historia es diferente río abajo. La Defensoría del Pueblo de Napo ha identificado más de 30 frentes de explotación a orillas del río Jatunyacu, donde también se practica el turismo de aventura por sus rápidas corrientes y paisajes.

Un viaje de 21 km a lo largo del río revela un paisaje de destrucción. Numerosos claros interrumpen la espesa vegetación, resultado de excavadoras que han ido devorando la selva.

Indígenas están a la espera de un fallo de la Corte Constitucional sobre una acción extraordinaria de amparo que interpusieron en un intento de detener la minería aurífera en la provincia, revertir las concesiones y reducir la deforestación.

La minería ya ha ahuyentado a los turistas, y los indígenas temen que dañe aún más la selva tropical y su forma de vida.

El ruido de la maquinaria y la destrucción del paisaje son una pesadilla viviente para los habitantes de Shandia, una pequeña comunidad que vive del turismo.

“El cementerio minero ilegal ya no es un atractivo turístico”, señaló Andrés Rojas, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo. “La gente no quiere pagar dos o tres dólares para ver un paisaje de destrucción”.

“El ruido es horrible, la tierra tiembla, es peor en la noche… Tenemos miedo cuando vienen los turistas, porque escuchamos que ya no quieren venir”, indicó Graciela Grefa, una artesana de 64 años. a AFP.

Batalla legal

La devastación de la minería en Napo se agudizó en 2020. Rojas, delegada provincial de la Defensoría del Pueblo, explicó que si bien la minería ha estado en la provincia "desde hace 25 o 30 años, la ciudadanía se alarmó al saber que se le había asignado a una sola empresa 7.125 hectáreas de tierra" para la minería.

Las tierras alrededor del río Jatunyacu están en su mayoría otorgadas a la empresa minera china Terraearth, que enfrenta una batalla legal que ha llegado a la Corte Constitucional.

La Defensoría del Pueblo y ONG han acusado a Terraearth de contaminar tres ríos y de no consultar con las comunidades indígenas antes de iniciar las operaciones mineras.

Pero los habitantes de Napo también enfrentan la amenaza de las mafias mineras ilegales, a las que acusan de ser aliadas de Terraearth y de sobornar a las poblaciones para explotar sus tierras.

Terraearth se presenta en las cuentas de las redes sociales como una empresa "ambientalmente responsable" que "contribuye a la reforestación de áreas minadas por mineros ilegales".

Yutzupino fue el epicentro de la minería aurífera ilegal en Napo hasta diciembre de 2022. Según la Fundación Ecociencia, que realiza el monitoreo satelital de la Amazonía, se habían ocupado 125 hectáreas de terreno para la extracción de oro, un área equivalente a 88 campos de fútbol.

El área de minería aurífera ilegal continuó creciendo hasta el presente febrero, cuando un operativo policial decomisó 148 excavadoras en un área de 180 hectáreas.

Sebastián Araujo, geocientífico de la universidad pública de Ikiam, descubrió que los niveles de cobre, plomo y cromo en la región son alarmantemente altos y se consideran "altamente contaminantes".

Estos niveles superan los umbrales permisibles establecidos por las normas ambientales, una consecuencia inquietante de la minería ilegal en la zona.

"Cementerio" minero

En una región donde la presencia estatal es escasa y la pobreza abunda, los lugareños llevan décadas realizando una forma tradicional de extracción de oro. Pagan 1 dólar estadounidense para entrar a las zonas mineras y raspar un poco de oro que lavan en sus sartenes. Esta actividad tiene poco impacto ambiental, ya que no utiliza maquinaria pesada ni productos químicos.

“Se metían en los cráteres que dejaban las excavadoras con la esperanza de encontrar el polvo de oro que había quedado”, afirmó Rojas.

Alba Aguinaga, socióloga de Ikiam, señala que tras la incursión de la minería ilegal, los mineros artesanales fueron estigmatizados y juzgados por apoyar a estas mafias.

"Si no tienes trabajo, si tienes condiciones económicas difíciles, no hay muchas otras opciones además de aceptar una pequeña remuneración a cambio de trabajo ilegal", explicó.

“Además, no hay una política pública que apoye la supervivencia” de las comunidades y mineros artesanales, agregó Aguinaga.

“La capacidad operativa de reacción del Estado es inadecuada frente a la organización que tienen los mineros ilegales”, señaló Rojas.